El Supremo anula el artículo 10.b del reglamento de navegación marítima

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fundación Proa (Proactiva Open Arms) y ha declarado nulo de pleno derecho el artículo 10, letra b), del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo. La sentencia, fechada el 8 de septiembre de 2026, se publica en el Boletín Oficial del Estado núm. 279, de 9 de noviembre de 2026, Sec. I, pág. 150753 (referencia BOE-A-2026-23386), e impone las costas del proceso a la Administración demandada.

El pronunciamiento se dictó en el recurso contencioso-administrativo 1/614/2023, resuelto por la Sección Tercera de la Sala Tercera. El reglamento impugnado se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros del 20 de marzo de 2023, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública y oído el Consejo de Estado, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 69, de 22 de marzo de 2023 (referencia BOE-A-2023-7410).

La norma desarrolla el régimen de despacho de buques a partir del artículo 18 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, y articula cuatro modalidades: el despacho de régimen general mediante declaración responsable, el despacho mediante autorización expresa, el despacho simplificado y el autodespacho. El real decreto derogó, entre otras normas, el Real Decreto 1119/1989, el Real Decreto 394/2007 y la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se aprobaba el Reglamento sobre Despacho de Buques.

La regla que exige permiso de las autoridades de destino

El artículo 10 del reglamento se titula «Supuesto de autorización expresa para el despacho de buques y embarcaciones privadas destinadas a la búsqueda y salvamento marítimo» y sometía a esas embarcaciones abanderadas en España y de titularidad privada a un régimen singular de despacho mediante autorización expresa del Director General de la Marina Mercante.

Dentro de ese precepto, la letra b) —la única anulada— añadía un requisito adicional: cuando el objeto del despacho fuera la navegación fuera de los espacios marítimos españoles, el armador debía acompañar «autorización expresa otorgada por las autoridades responsables de las regiones de búsqueda y salvamento de destino».

La sentencia declara la nulidad de pleno derecho únicamente de esa letra b), de modo que subsisten las letras a) y c) del mismo artículo: la presentación de la documentación del artículo 11 y el mantenimiento de las condiciones de despacho en navegaciones posteriores, siempre condicionadas al respeto a la normativa internacional en materia de búsqueda y salvamento marítimo.

Costas, publicación y contenido del fallo

La parte dispositiva contiene cuatro pronunciamientos:

• Estimar el recurso contencioso-administrativo n.º 614/2023 contra la letra b) del artículo 10 del reglamento.
• Declarar la nulidad de pleno derecho de esa letra b).
• Imponer las costas del proceso a la Administración demandada, «con el límite fijado en el último fundamento».
• Ordenar la publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado, conforme al artículo 72.2 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, e insertar la resolución en la colección legislativa.

El texto insertado en el boletín reproduce la parte dispositiva y la firma de la Sala, pero no los fundamentos jurídicos, por lo que el límite exacto de las costas no figura en la publicación oficial.

Composición de la Sala

El fallo lo firman el presidente José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y los magistrados:

• Eduardo Calvo Rojas
• Diego Córdoba Castroverde
• José Luis Gil Ibáñez
• Berta María Santillán Pedrosa
• Juan Pedro Quintana Carretero
• Margarita Beladiez Rojo

La decisión afecta de lleno a las flotas de titularidad privada dedicadas a la búsqueda y salvamento marítimo, entre ellas las de entidades humanitarias que operan con pabellón español, y a los armadores de esas embarcaciones, que ya no tendrán que aportar el permiso previo de las autoridades de las regiones de salvamento de destino para despachar sus buques fuera de aguas españolas. La nulidad de pleno derecho expulsa esa exigencia del ordenamiento, aunque el reglamento de 2023 sigue vigente en el resto de su articulado y mantiene intacto el régimen general de despacho aplicable a la marina mercante y a las embarcaciones de recreo con actividad comercial.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 279, de 9 de noviembre de 2026, Sec. I, pág. 150753 (referencia oficial: BOE-A-2026-23386).