El Gobierno moviliza 178 millones en ayudas urgentes por la DANA Adam

El Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2026 aprobó el Real Decreto-ley 33/2026, que articula medidas urgentes frente a los daños causados por la DANA denominada Adam entre los días 17 y 19 de octubre. La norma la publica la Jefatura del Estado en el Boletín Oficial del Estado núm. 281, de 11 de noviembre de 2026, en la Sección I de disposiciones generales (referencia BOE-A-2026-23602), y entra en vigor el día siguiente al de su publicación, el 12 de noviembre.

El texto responde a un episodio meteorológico excepcional que azotó con especial intensidad el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, con acumulados superiores a 700 l/m² en puntos de La Safor y la Marina Alta, y precipitaciones de hasta 175 l/m² en municipios de la cuenca del Segura como Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares. Las avenidas afectaron a cauces como el río Vaca, el barranco de Beniopa, el río Vernissa, el Serpis, la rambla Gallinera, el Girona y el Gorgos, además de dañar el dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

La respuesta se ampara en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026, que declaró zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Illes Balears y el litoral andaluz. El real decreto-ley se estructura en cinco capítulos, treinta artículos, siete disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales.

Ayudas al campo y recuperación de caminos rurales

El capítulo II concentra el apoyo al sector primario, con pérdidas relevantes en cítricos, hortalizas y caqui. Se eleva hasta el 70 % del coste total de la prima la subvención a los titulares de pólizas del seguro agrario combinado con siniestro indemnizable, complementando lo ya aportado por ENESA y las comunidades autónomas, con un suplemento de crédito de 700.000 euros. El pago corresponde a AGROSEGURO en un plazo máximo de dos meses.

Se añaden otras líneas:

• Ayuda de minimis para compensar la parte no cubierta por el seguro, dotada con 3.000.000 euros y con un umbral mínimo de 100 euros por beneficiario.
• Plazo de cinco días hábiles para comunicar el parte de siniestro a AGROSEGURO desde la entrada en vigor.
• Obras de emergencia en caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riego, gestionadas por SEIASA con 85.000.000 euros y limitadas a daños superiores a 100.000 euros de ejecución material.
• Ampliación hasta el 1 de marzo de 2028 del plazo de la línea ICO-MAPA-SAECA de bonificación de préstamos.
• Reconocimiento de fuerza mayor para los productores primarios.

Obras hidráulicas y litoral

El capítulo III habilita la tramitación por emergencia, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de las reparaciones en el dominio público hidráulico y en las infraestructuras de titularidad estatal. Los créditos extraordinarios se reparten así:

• 3.000.000 de euros para la Confederación Hidrográfica del Júcar.
• 1.500.000 de euros para la Confederación Hidrográfica del Segura.
• 70.000.000 de euros para restaurar el dominio público marítimo-terrestre y mejorar la resiliencia del litoral de la Comunitat Valenciana.

La disposición adicional quinta refuerza además la capacidad pericial del Consorcio de Compensación de Seguros mediante contratación de emergencia.

Fiscalidad local y apoyo a comercio y hostelería

El capítulo IV concede la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2026, con devolución de recibos ya abonados y compensación a los ayuntamientos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se exime la tasa de acreditación catastral y se permite reducir los índices de rendimiento neto agrario previstos en la Orden HAC/1425/2025, de 9 de diciembre. Las entidades locales podrán destinar su superávit de 2025, 2026 y 2027 a inversiones de reparación y prevención, con un régimen excepcional de las reglas fiscales.

Para el comercio minorista, el turismo y la hostelería, el capítulo V prevé una subvención directa de hasta 15 millones de euros a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Las cuantías por establecimiento son de 5.000 euros para trabajadores autónomos y de 10.000 euros para pymes y entidades sin personalidad jurídica, con solicitudes atendidas por orden de presentación y compromiso de mantener o reanudar la actividad en seis meses.

El alcance territorial de estas medidas se limita a los municipios valencianos incluidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2026 y en los Decretos 168/2026, 169/2026, 173/2026 y 174/2026 del Consell, aunque la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana podrá ampliarlo mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El decreto-ley llega con el calendario apretado: los afectados deben presentar comunicaciones y solicitudes en plazos de días hábiles y las ayudas se atienden por orden de entrada hasta agotar el crédito. Agricultores, comunidades de regantes, ayuntamientos y pequeños negocios del litoral mediterráneo tienen en esta norma la vía más inmediata para financiar la reparación, mientras el Congreso debe convalidarla en las próximas semanas.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 11 de noviembre de 2026, Sección I. Disposiciones generales, pág. 152058 (referencia oficial: BOE-A-2026-23602).