El Gobierno habilita el peaje en nuevos tramos de rutas nacionales

El Poder Ejecutivo estableció que las rutas de la Red Vial Nacional identificadas en el anexo del Decreto 1358/2026 serán objeto de concesión por peaje en el marco del proyecto “Red Federal de Concesiones”. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, lleva fecha del 12 de noviembre de 2026 y se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina del 13 de noviembre de 2026, Primera Sección, con la referencia oficial DECTO-2026-1358-APN-PTE. El decreto entró en vigencia el 14 de noviembre, un día después de su publicación.

El alcance de la concesión

El artículo 1° dispone que las rutas incluidas en el Anexo (IF-2026-97440433-APN-ST#MEC) serán concesionadas, en los tramos que se determinen, para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, además de la realización de explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales. Todo ello bajo el régimen de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.

El texto precisa que la coincidencia de las Rutas Nacionales Nros. 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 con las etapas anteriores del proyecto no implica que se trate de los mismos sectores. Aclara, además, que los tramos incorporados no comprenderán los ya concesionados en las Etapas I, II, II-B y III. El detalle de rutas del anexo se publica únicamente en la edición web del organismo oficial.

Las facultades que concentra la Secretaría de Transporte

El artículo 2° concentra en el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, las siguientes atribuciones:

• Determinar la conformación de los Tramos, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad.
• Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y la documentación del proceso licitatorio.
• Efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional.
• Constituir comisiones evaluadoras ad hoc, fijar sus funciones y designar a sus integrantes.
• Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones.
• Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos respectivos.

El artículo 3° designa a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Transporte, como Autoridad de Aplicación de los contratos que se celebren, en los términos del artículo 30 de la Ley N° 27.445, incluida su supervisión y control. El artículo 4° fija un plazo de DOCE (12) meses desde la vigencia del decreto para convocar la licitación pública.

Cuatro etapas ya adjudicadas

Los considerandos repasan el antecedente que sostiene la medida: la Ley N° 27.742 declaró sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., y el Decreto N° 97/25 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El Decreto N° 28/25 había fijado en doce meses el plazo para licitar los tramos de la red.

El decreto enumera los procesos ya cerrados:

• Etapa I: Tramos Oriental y Conexión, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0007-LPU25, adjudicada por Resolución de la Secretaría de Transporte N° 80/25.
• Etapa II: Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, Licitación N° 504-0013-LPU25, adjudicada por Resolución N° 706/26.
• Etapa II-B: Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, Licitación N° 504-0015-LPU25, adjudicada por Resolución N° 1149/26.
• Etapa III: Tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, Licitación N° 504-0001-LPU26, adjudicada por Resolución N° 1379/26.

El relevamiento que habilitó la ampliación fue remitido por la Dirección Nacional de Vialidad mediante nota del 31 de julio de 2026, con el informe IF-2026-73902687-APN-DNV#MEC. El propio decreto aclara que ese estudio fue formulado desde el punto de vista técnico y que la conformación definitiva de los tramos quedará sujeta a los lineamientos económicos, jurídicos y tarifarios de las autoridades competentes. El expediente de origen es el EX-2026-70657953-APN-DNV#MEC.

La decisión amplía la superficie de la red nacional sujeta a peaje y traslada al sector privado la operación y el mantenimiento de corredores hoy gestionados por el Estado Nacional. Para los usuarios y transportistas implica la eventual aparición de nuevas estaciones de cobro en rutas que hasta ahora eran libres de tarifa, mientras que para el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. supone sumar nuevos paquetes contractuales a una licitación que ya lleva cuatro etapas adjudicadas.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, 13 de noviembre de 2026, Primera Sección (referencia oficial: Decreto 1358/2026 — DECTO-2026-1358-APN-PTE).