El Gobierno crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo

El Consejo de Ministros del 10 de noviembre aprobó el Real Decreto 981/2026, de 11 de noviembre, por el que se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, un órgano que dependerá directamente de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado núm. 283, de 13 de noviembre de 2026, en la Sección I (Disposiciones generales), pág. 153065, con la referencia oficial BOE-A-2026-23760. Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 14 de noviembre de 2026.

El texto justifica la medida en la necesidad de una “respuesta coordinada” que facilite información, asesoramiento y asistencia psicológica, social y jurídica continuada a las víctimas y a sus familias. La exposición de motivos señala que, “con ocasión de los accidentes ferroviarios recientes”, la respuesta se ha canalizado mediante Oficinas de Atención Integral con personal especializado en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, como las creadas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en virtud del Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre.

El nuevo órgano se suma al marco vigente de asistencia a las víctimas, integrado por el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio (accidentes ferroviarios), el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto (aviación civil), la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) y el Real Decreto 141/2026, de 25 de febrero, que aprueba su estatuto orgánico.

Un órgano de rango de Subsecretaría

El Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo tendrá rango de Subsecretaría y su titular será nombrado por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Su ámbito de actuación se circunscribe a los accidentes ocurridos en servicios de transporte colectivo de personas de titularidad o competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los convenios que se formalicen con comunidades autónomas y entidades locales.

La norma define como transporte colectivo los servicios de viajeros por carretera en autobús o autocar, ferroviario, aéreo comercial y marítimo de pasaje. Considera víctimas a quienes fallezcan, desaparezcan o sufran daños físicos o psicológicos en un accidente, así como a sus familiares y allegados: cónyuge o pareja con relación análoga, ascendientes, descendientes y parientes en línea colateral hasta el segundo grado.

Asistencia integral y capacidad de exigir respuestas

El real decreto atribuye al Defensor diez bloques de funciones, entre ellas:

• Coordinar la respuesta institucional y ejercer de interlocutor de referencia ante todas las administraciones y entidades implicadas.
• Elaborar protocolos de asistencia tras un accidente, con atención especial a las personas vulnerables.
• Prestar apoyo emocional y facilitar el acceso a la asistencia sanitaria a través de los servicios competentes.
• Asesorar sobre aseguradoras, indemnizaciones, ayudas, prestaciones y acceso a la justicia gratuita.
• Informar sobre los derechos laborales, económicos y sociales de las víctimas y sus familiares.
• Cooperar con la AITAT en materia de investigación, seguridad y prevención.
• Colaborar con las asociaciones de víctimas y elaborar un código de buenas prácticas para el tratamiento informativo de los accidentes, en coordinación con las asociaciones de medios de comunicación.
• Requerir información a órganos y administraciones públicas para ejecutar sus funciones.

El Defensor intervendrá “desde el inicio” de cualquier accidente y hará seguimiento de las necesidades asistenciales a medio y largo plazo, incluso después del cierre de los dispositivos extraordinarios de emergencia. Las asociaciones de víctimas formarán parte “activa, consultiva y permanente” mediante un grupo de trabajo cuya composición fijará el propio Defensor por resolución. Sus funciones se ejercerán sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en asistencia social, sanidad y transporte, y respetando la independencia de la AITAT y de los órganos judiciales.

Oficina, Gabinete Técnico y dos subdirecciones

La estructura creada por el Real Decreto 981/2026 es la siguiente:

• La Oficina del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de dirección general y funciones de apoyo técnico.
• La Secretaría General, con rango de subdirección general, para gestión económico-administrativa, personal, contratación y rendición de cuentas.
• La Subdirección General de Atención a las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que asumirá emergencias, atención sanitaria y psicológica, indemnizaciones, asistencia jurídica, protección social y cooperación con la AITAT.
• Un Gabinete Técnico dependiente directamente del Defensor, con rango de subdirección general.

La norma modifica además el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, y el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, para integrar el nuevo órgano en la estructura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible prestará los servicios comunes necesarios.

Tres meses para revisar el marco normativo

La disposición final tercera fija un plazo de tres meses desde el nombramiento del Defensor para analizar el marco normativo de atención a las víctimas de accidentes colectivos, con participación activa de las asociaciones, y proponer en su caso una mejora que incluya la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades.

La figura nace para dar efectividad al “derecho a un acompañamiento personalizado” y se configura como “elemento dinamizador y coordinador” de los recursos de atención integral. El texto fue informado por las secretarías generales técnicas de Transportes y Movilidad Sostenible y de Transformación Digital y Función Pública, así como por los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Memoria Democrática, y figura firmado por el Rey Felipe VI y refrendado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.

El impacto para las víctimas y sus familias es directo: contarán con un interlocutor único de rango de Subsecretaría para tramitar ayudas, acceder a atención psicológica y jurídica y exigir respuestas a las administraciones, con competencias para reclamar información a cualquier organismo público. La creación del órgano llega marcada por la emergencia ferroviaria que motivó las oficinas de atención integral y por un calendario exigente: el Defensor deberá proponer en tres meses una reforma del modelo de atención.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 283, de 13 de noviembre de 2026, Sección I. Disposiciones generales, pág. 153065 (referencia oficial: BOE-A-2026-23760).