El Gobierno aprueba un decreto-ley de seguridad ferroviaria y protección del personal

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 34/2026, de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario. El texto se publica en el Boletín Oficial del Estado núm. 281, de 11 de noviembre de 2026, Sección I, pág. 152093, con referencia BOE-A-2026-23603. La norma modifica el Real Decreto 929/2020 sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias y la Ley 38/2015 del sector ferroviario, y entra en vigor el mismo día de su publicación salvo su artículo primero.

El decreto-ley consta de dos artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales, y se dicta al amparo del artículo 86 de la Constitución. La urgencia se justifica por la disolución de las Cortes Generales acordada mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026: con el Gobierno en funciones no cabe tramitar estas medidas por vía parlamentaria, ni siquiera por el procedimiento de urgencia, y varias exigen rango de ley. El texto lleva la firma del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y fue impulsado a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible —por suplencia, el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, en virtud del Real Decreto 975/2026, de 4 de noviembre— y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Su ámbito son la Red Ferroviaria de Interés General y las líneas interoperables, e involucra directamente a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras, obligados a revisar sus gráficos de servicio y sistemas de planificación en plena programación del horario 2027.

Un criterio único para contar las horas de conducción

El artículo primero reescribe el artículo 36 del Real Decreto 929/2020, que mantiene los máximos de seis horas de conducción continuada y nueve horas en una jornada, pero elimina la indefinición sobre qué periodos suman. Se computarán íntegramente como tiempo de conducción:

• Las maniobras que impliquen el manejo del vehículo en movimiento.
• Las interrupciones en las que el maquinista sigue siendo responsable del tren, con atención a la circulación, cualquiera que sea su duración.
• Todo periodo inferior a 45 minutos entre el cese de una conducción y su reanudación, aunque el maquinista quede relevado del vehículo o se le asignen otras tareas.
• Las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones, si el personal permanece a disposición operativa inmediata.

Quedan excluidas la puesta en servicio y fuera de servicio del vehículo y la preparación técnica y administrativa del tren, salvo que se desarrollen dentro de los periodos anteriores. También se computan las actividades en otras redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General, y en la conducción excepcional por parejas —un maquinista habilitado del vehículo y otro de la infraestructura— el tiempo cuenta simultáneamente para ambos.

Más acceso para la inspección

El artículo 146 refuerza la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: toda persona física o jurídica sujeta a una acción inspectora deberá facilitar el acceso a sus instalaciones y equipos, y las entidades ferroviarias tendrán que abrir sus instalaciones, material rodante y equipos cuando la supervisión se dirija a otra entidad. Con la redacción anterior ese acceso dependía de la colaboración voluntaria, lo que limitaba actuaciones como la supervisión de líneas desde la cabina o de empresas ferroviarias en andenes y recintos del administrador de infraestructuras.

La «cultura justa» entra en la ley ferroviaria

El artículo segundo introduce en la Ley 38/2015 un nuevo capítulo IV del título V, dedicado a la cultura justa, con un artículo 71 que establece:

• El personal con funciones de seguridad podrá comunicar riesgos por los canales de su entidad o por cualquier sistema público de notificación, sin usar los cauces internos, con confidencialidad de la identidad.
• El órgano competente podrá eximir de forma motivada de la sanción si la información se presentó antes de la incoación del procedimiento, se acredita el cese de la infracción y hubo cooperación plena.
• Ante un riesgo grave e inminente, el personal podrá interrumpir la marcha o abstenerse de iniciarla, comunicándolo sin demora cuando la urgencia no exija actuar de inmediato.
• Se prohíben las represalias o el trato desfavorable del empleador.

La protección no cubre la acción dolosa ni la negligencia grave, y la información notificada queda sujeta a deber estricto de reserva y trazabilidad de accesos. Además, se añade una nueva letra g) al artículo 110.1 como criterio de graduación de sanciones.

Jubilación anticipada para todo el sector

La disposición adicional única extiende a los trabajadores de las empresas ferroviarias que operen en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General el régimen de coeficientes reductores del artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, siempre que desempeñen una de las categorías previstas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones iniciará además el procedimiento previsto en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, para incorporar otras categorías expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, a solicitud de los sindicatos con representación en el sector; la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social podrá actualizar la lista mediante resolución, previo informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El artículo primero, no obstante, no se aplicará hasta seis meses después de la publicación —el 11 de mayo de 2027— para que las empresas adapten los gráficos de conducción; el resto rige desde el 11 de noviembre de 2026. El decreto-ley unifica así el régimen de quienes hacen el mismo trabajo sobre la misma red, refuerza la capacidad de vigilancia del regulador y blinda a los trabajadores que alertan de un riesgo, tres frentes que afectan por igual a la operación diaria de los trenes y a la seguridad de los viajeros.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 11 de noviembre de 2026, Sec. I. Disposiciones generales, pág. 152093 (referencia oficial: BOE-A-2026-23603).