El Gobierno aprueba el reglamento de la ciudadanía española en el exterior

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre el Real Decreto 954/2026, que dota por primera vez de reglamento de desarrollo a la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. La norma, firmada por el Rey Felipe VI el 4 de noviembre y refrendada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, se publica en el Boletín Oficial del Estado núm. 279, de 9 de noviembre de 2026, en la Sección I (pág. 150689, referencia BOE-A-2026-23384). Entrará en vigor veinte días después de su publicación, el 29 de noviembre.

El texto llega casi veinte años después de la ley que desarrolla, aprobada en 2006, y sustituye un entramado de normas dispersas y de antigüedad dispar. La disposición derogatoria deja sin efecto el Real Decreto 8/2008, de prestación por razón de necesidad (salvo su artículo 26), el Real Decreto 230/2008, del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y el Real Decreto 1960/2009, de los Consejos de Residentes Españoles. El reglamento consta de 105 artículos organizados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos finales, y el real decreto incorpora ocho disposiciones transitorias para los procedimientos en tramitación y los mandatos ya constituidos.

La justificación cuantitativa figura en la exposición de motivos, con datos del Instituto Nacional de Estadística: la población española en el extranjero pasó de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026 (1.615.373 mujeres y 1.586.629 hombres), el doble en diecisiete años. Convive, según el texto, la emigración tradicional a Europa de los años sesenta y setenta, los descendientes de la emigración a Iberoamérica y las salidas de estudiantes y trabajadores posteriores a la crisis de 2008.

Prestaciones y asistencia sanitaria

El título II fija la acción protectora del Estado en el exterior, que se concreta en tres líneas de ayuda:

• Prestación económica por razón de necesidad para mayores de 65 años o en situación de incapacidad absoluta.
• Asistencia sanitaria para residentes en el exterior.
• Ayudas de protección y asistencia consulares.

A ellas se suma, en materia de retorno, la prestación económica para personas retornadas mayores de 65 años. La «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior» pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años», cambio de denominación que ya recoge una disposición transitoria. La cuantía se calcula restando a la base de cálculo fijada para cada país las rentas del beneficiario; la base la determina anualmente la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y el importe no puede superar el de la pensión no contributiva de jubilación en España, con un mínimo del 25 %. La renovación se presenta cada año entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, y el silencio administrativo es desestimatorio tras seis meses.

En asistencia sanitaria, el artículo 58 amplía el catálogo de beneficiarios a quienes carezcan de cobertura suficiente en el país de residencia:

• Beneficiarios de las prestaciones por razón de necesidad y de la Ley 3/2005 (los conocidos como «Niños de la Guerra»).
• Cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta el primer grado mayores de 65 años.
• Menores de 16 años españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica.
• Personas con discapacidad igual o superior al 65 % y víctimas españolas de violencia contra las mujeres.

El derecho de estos cuatro últimos colectivos será efectivo un año después de la publicación, el 9 de noviembre de 2027.

Consejos de Residentes y participación

El título I regula los órganos de representación. Podrá constituirse un Consejo de Residentes Españoles, con funciones consultivas ante la oficina consular, en las circunscripciones donde el Censo Electoral de Residentes Ausentes tenga inscritas al menos 3.000 personas con derecho a voto. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior mantiene un mandato de cuatro años y se compone de representantes electos, hasta doce designados por las federaciones de la ciudadanía exterior, hasta doce de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, un miembro por cada comunidad autónoma y por Ceuta y Melilla, uno de la Federación Española de Municipios y Provincias y un representante de cada departamento ministerial competente. Los mandatos en curso se prorrogan hasta su renovación.

Retorno y nueva ayuda económica

Por primera vez se despliega el título II de la ley, la política de retorno, con medidas de información y asesoramiento, la creación de la Oficina Española del Retorno, un certificado de persona española retornada, actuaciones de empleo y emprendimiento y vías de homologación de títulos. La disposición final primera obliga al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor, una ayuda económica para el retorno de españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica, de 18 a 65 años, con atención especial a las víctimas de violencia contra las mujeres: 4.000 euros por beneficiario individual, ampliables hasta 7.600 euros en unidades familiares con tres o más familiares a cargo.

La norma afecta a los más de tres millones de españoles censados fuera del país y a quienes planean regresar, y por primera vez da cobertura reglamentaria completa a prestaciones, salud, participación y retorno en un único texto, con la administración electrónica como vía preferente de relación con la Administración.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 279, 9 de noviembre de 2026, Sec. I. Disposiciones generales, pág. 150689 (referencia oficial: BOE-A-2026-23384).