El Ejecutivo prorroga 60 días la emergencia por crimen en Pisco

El Poder Ejecutivo prorrogó por sesenta (60) días calendario el estado de emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés de la provincia de Pisco, departamento de Ica, a partir del 19 de noviembre de 2026. La decisión se formalizó mediante el Decreto Supremo N° 151-2026-PCM, publicado en la sección Normas Legales del diario oficial El Peruano el sábado 14 de noviembre de 2026, con la aprobación del Senado de la República y el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La norma lleva el refrendo de seis ministros y fue dada en la Casa de Gobierno el 12 de noviembre de 2026 por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

La prórroga se ampara en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que faculta a la Presidencia de la República a decretar el estado de emergencia por plazo determinado y exigir la aprobación del Senado para extenderlo. El antecedente directo es el Decreto Supremo N° 132-2026-PCM, publicado el 19 de setiembre de 2026, que declaró la medida por primera vez y por igual plazo en ambas jurisdicciones.

La solicitud partió de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú mediante el Oficio N° 1092-2026-CG PNP/SEC, del 3 de noviembre de 2026, sustentado en dos informes de inteligencia policial y en el Dictamen N° 1689-A-2026-SECEJE PNP/DIRASJUR-DIVDJPN, del 2 de noviembre. El Ejecutivo justificó la continuidad de la medida en “la persistencia del accionar criminal y violencia empleada en diversas modalidades delictivas (homicidios, extorsiones, entre otros delitos y otras situaciones de violencia)”.

Policía al mando y Fuerzas Armadas en apoyo

La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas actúan en apoyo, con inteligencia, soporte logístico táctico, transporte, vigilancia aérea y despliegue de fuerzas especiales del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

La intervención de ambas instituciones se rige por el Decreto Legislativo N° 1186 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2016-IN, para la Policía, y por el Decreto Legislativo N° 1095 y su reglamento (Decreto Supremo N° 003-2020-DE), para las Fuerzas Armadas.

Derechos restringidos y actividades masivas

Durante la vigencia de la prórroga se suspende o restringe el ejercicio de cuatro derechos constitucionales:

• Inviolabilidad del domicilio (numeral 9 del artículo 2 de la Constitución).
• Libertad de tránsito por el territorio nacional (numeral 11).
• Libertad de reunión (numeral 12).
• Libertad y seguridad personales (numeral 24, apartado f).

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán permiso previo ante las autoridades competentes, conforme al Decreto Supremo N° 002-2018-PCM; las que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin autorización previa.

Comandos, reserva de información y rendición de cuentas

Dentro de las 24 horas de entrada en vigencia deben quedar conformados el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comando Unificado PNP – FFAA contra el Crimen Organizado y los comités de coordinación distrital, de inteligencia, de fiscalización y de comunicación estratégica. La información sobre patrullajes y operativos se clasifica como reservada conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El CCO deberá informar al titular del Ministerio del Interior, a través de la Comandancia General de la PNP, sobre los resultados obtenidos, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la prórroga; el informe final se eleva a la Presidencia de la República. El financiamiento corre a cargo del presupuesto institucional de los pliegos involucrados.

La norma también modifica el artículo 5 del Decreto Supremo N° 132-2026-PCM para incorporar al Comando Unificado PNP – FFAA contra el Crimen Organizado como fuerza de tareas integradas, con funciones de recuperación del control territorial y de articulación de capacidades tácticas y de inteligencia, bajo dirección estratégica del Ministerio del Interior y conducción operativa de la Policía Nacional del Perú.

El impacto para los vecinos de Pisco y San Andrés es directo: durante 60 días sus derechos de tránsito, reunión y domicilio quedan sujetos al régimen de excepción, en un contexto de extorsiones y homicidios que la propia Policía califica como afectación al orden interno. La prórroga extiende el despliegue policial-militar en la provincia hasta mediados de enero de 2027, sin que el decreto incluya metas verificables de reducción del delito.

Fuente: El Peruano, Normas Legales, sábado 14 de noviembre de 2026, pág. 5 (referencia oficial: 2574991-1, Decreto Supremo N° 151-2026-PCM).