El Constitucional ampara a Bassa y ordena al Supremo amnistiar su malversación

El Tribunal Constitucional ha amparado a la exconsellera Dolors Bassa i Coll y ha anulado los autos con los que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le negó la aplicación de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos. La decisión consta en la sentencia 67/2026, de 6 de octubre de 2026 (ECLI:ES:TC:2026:67), publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 282, de 12 de noviembre de 2026, Sección del Tribunal Constitucional, pág. 152933 (referencia BOE-A-2026-23753). El fallo no se limita a anular: ordena al Supremo dictar una nueva resolución en la que declare amnistiado ese delito.

El recorrido judicial que llega hasta el amparo

El recurso de amparo 8547-2024 lo resolvió el Pleno, con ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón, y con intervención del abogado del Estado, el Ministerio Fiscal, Vox como acusación popular y otros condenados comparecidos.

Los hitos del caso son:

• La sentencia 459/2019, de 14 de octubre de 2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en la causa especial 20907-2017, la condenó por sedición en concurso con malversación agravada a doce años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta.
• El Real Decreto 456/2021, de 22 de junio, le indultó la pena privativa de libertad pendiente.
• Tras la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, el Supremo revisó la condena (ATS de 13 de febrero de 2023) y la recondujo a desobediencia del art. 410 CP y malversación del art. 432.1 y 2 CP, manteniendo la inhabilitación absoluta, con extinción prevista el 10 de octubre de 2031.
• Con la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía, la Sala dictó sendos autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 que denegaron el archivo definitivo de la ejecutoria.

Las dos causas de exclusión que el tribunal rechaza

El Supremo sostuvo que la malversación no era amnistiable por dos motivos de la propia ley: haber obtenido un «beneficio personal de carácter patrimonial» (art. 1.1 a) y b) y 1.4) y afectar a los intereses financieros de la Unión Europea (art. 2 e).

El Constitucional considera que esa lectura supone una reducción teleológica, no una interpretación estricta, del núcleo de la norma, y que confunde el ánimo de lucro propio del tipo penal con la excepción legal. Sobre el art. 2 e), aprecia una contradicción interna con el propio relato de hechos probados de la 459/2019, que declaró manifiestamente inviables los actos para lograr la independencia, y con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2026 (asunto C-523/24, Sociedad Civil Catalana). Concluye que se vulneró la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con los arts. 23.2 y 25.1 CE.

El fallo y su alcance

La parte dispositiva acuerda:

1.º Declarar la nulidad de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024.
2.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al primero de ellos para que se dicte un nuevo pronunciamiento que declare amnistiado el delito de malversación, con carácter preferente y urgente conforme al art. 10 de la Ley de amnistía.

Cinco magistrados discrepan

El voto particular lo firman Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño. Sus dos motivos centrales son la suplantación del papel del Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria y la disconformidad con el método empleado; censuran, en particular, que la sentencia indique al alto tribunal el sentido concreto de la resolución que debe adoptar y el tono de la fundamentación.

La publicación en el BOE convierte esta doctrina en referencia obligada para los tribunales que aún deben pronunciarse sobre la amnistía de la malversación en causas del proceso independentista, y reabre el pulso institucional entre el Constitucional y el Supremo en plena discusión política sobre los límites de la Ley Orgánica 1/2024.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 282, de 12 de noviembre de 2026, Sección del Tribunal Constitucional, pág. 152933 (referencia oficial: BOE-A-2026-23753).