El Consell declara nulas las actuaciones sin evaluación de impacto ambiental

El Consell ha aprobado el Decreto ley 9/2026, de 6 de noviembre, de medidas urgentes para la modificación del régimen de prevención y control ambiental de actividades y de gestión de residuos, que declara nulos de pleno derecho los actos de otorgamiento o formalización de actividades dictados omitiendo la evaluación de impacto ambiental exigible. La norma se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) número 10493, de 13 de noviembre de 2026, dentro de la sección I, Disposiciones Generales, con la referencia oficial DOGV-C-2026-34588. Entra en vigor el 14 de noviembre, un día después de su publicación.

La reforma se dicta al amparo del artículo 50.6 del Estatut d’Autonomia en materia de medio ambiente y modifica la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades, y la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular. El texto, de 17 páginas, responde al Acuerdo de 24 de febrero de 2026 de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que exigió reescribir el apartado introducido por el Decreto ley 6/2025, de 7 de mayo, para evitar un conflicto competencial. El Consell justifica la urgencia en la litigiosidad y la inseguridad jurídica que genera el marco vigente.

Nulidad de pleno derecho y evaluación en vía sancionadora

El nuevo apartado 6 del artículo 14 de la Ley 6/2014 establece que serán nulos de pleno derecho los actos de otorgamiento, formalización, modificación y revisión de actividades dictados omitiendo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental aplicable, sin perjuicio de las sanciones que procedan. Además, cuando se sancione con carácter firme la ejecución de un proyecto sometido a evaluación ambiental autonómica sin declaración o informe previo, la resolución sancionadora podrá imponer la obligación de evaluar los efectos significativos sobre el medio ambiente.

El preámbulo precisa que esa evaluación en ningún caso podrá considerarse una evaluación de impacto a los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se apoyará en los principios de compensación y reversión de impactos. La norma también reescribe los artículos 32 y 43, que fijan en dos meses el plazo del pronunciamiento ambiental y en veinte días hábiles el de la discrepancia entre órganos, y actualiza el artículo 63 sobre modificaciones sustanciales de instalaciones con licencia ambiental: el titular podrá ejecutar una modificación no sustancial si el ayuntamiento no se opone en el plazo de un mes.

Cierre de instalaciones y control de entidades colaboradoras

Se incorpora un nuevo artículo 63 bis que regula por primera vez el cese definitivo de actividades sometidas a licencia ambiental. Antes del cierre, el titular deberá:

• Retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas presentes en la instalación.
• Prevenir y evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
• Evitar emisiones de gases o contaminantes derivados de la actividad.
• Eliminar o minimizar los riesgos de incendio, explosión o accidente.

El órgano competente podrá exigir un plan de actuaciones de cierre y medidas adicionales de restauración. En paralelo, el artículo 84 amplía a quince días la audiencia previa al cierre o clausura de actividades sin título habilitante, y el artículo 93.3 incorpora como infracción grave la emisión por entidades colaboradoras de informes con falsedades o inexactitudes esenciales, así como actuar en ámbitos para los que no estén habilitadas.

Residuos: trazabilidad electrónica y capacidad ante emergencias

En la Ley 5/2022, el artículo 58.5 hace obligatoria la tramitación electrónica de los traslados de residuos mediante las plataformas ADCR 3.0, para los sujetos a notificación previa, y TRAZA, para los documentos de identificación. El artículo 59 impone el archivo cronológico electrónico con conservación mínima de cinco años a disposición de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular.

La nueva disposición adicional décima permite al Consell movilizar instalaciones en emergencias: las entidades supramunicipales deberán poner a disposición de la Generalitat todos sus recursos y las plantas de eliminación, cualquiera que sea su titularidad, la capacidad de tratamiento que se determine por resolución motivada. La norma también ajusta el anexo II y fija la licencia ambiental para explotaciones avícolas de más de 60 unidades de ganado mayor y porcinas de más de 75, y reforma el artículo 22 de la Ley 8/1998 de fundaciones, con autorización previa del Protectorado para las contrataciones más relevantes.

El decreto ley afecta directamente a las empresas con licencia ambiental, a los promotores de proyectos y a los ayuntamientos, que asumen la verificación de las modificaciones no sustanciales y de los cierres. La norma declara que su aplicación no tendrá incidencia en los presupuestos de la Generalitat y remite a la tramitación parlamentaria posterior para su convalidación.

Fuente: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 10493, 13 de noviembre de 2026, sección I. Disposiciones Generales, pág. 1 (referencia oficial: DOGV-C-2026-34588).