Diario Oficial El Peruano · 11 Sep 2026 · 4 vistas
Ejecutivo amplía extradición activa de español por lavado de activos
Por FactBox Admin
El Poder Ejecutivo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, accedió a la solicitud de ampliación de extradición activa del ciudadano español Juan Antonio Aranda Torrijos, formulada al Reino de España para que sea procesado en la República del Perú por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La decisión quedó formalizada en la Resolución Suprema N° 182-2026-JUS, de Lima, 10 de setiembre de 2026, publicada en la sección Normas Legales del diario oficial El Peruano del viernes 11 de setiembre de 2026.
La resolución fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.
Marco legal y antecedentes
El pedido de ampliación fue formulado por la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y declarado procedente mediante Resolución Consultiva del 26 de junio de 2026 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
El trámite se sustenta en el artículo 37 de la Constitución Política del Perú, que dispone que la extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y los tratados. La Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, mediante el Informe N° 126-2026/COE-TPC del 24 de agosto de 2026, propuso acceder al pedido.
El delito imputado
El ciudadano español es reclamado por la presunta comisión del delito de lavado de activos, previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 27765, concordante con el Decreto Legislativo N° 986. La ampliación de la extradición activa permitirá que Aranda Torrijos sea procesado en el Perú por este ilícito.
El procedimiento se rige por el Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28 de junio de 1989 y vigente desde el 31 de enero de 1994, con su enmienda vigente desde el 9 de julio de 2011. En lo no dispuesto por el tratado, se aplican el Código Procesal Penal peruano y el Decreto Supremo N° 015-2025-JUS, que reglamenta la actuación de las autoridades en los procedimientos de extradición y traslado de personas condenadas.
Alcance de la decisión
La resolución, adoptada en uso de la facultad conferida en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución, autoriza la ampliación de la extradición activa para que el reclamado sea procesado en territorio peruano. La medida se suma a otros pronunciamientos de extradición publicados en la misma edición del boletín, como la Resolución Suprema N° 183-2026-JUS, que accede a la extradición pasiva con procedimiento simplificado de un ciudadano dominicano hacia la República Argentina.
Relevancia del caso
La decisión refuerza la cooperación judicial internacional del Perú en materia de delitos financieros y de criminalidad organizada. Al ampliar la extradición activa de un ciudadano extranjero por lavado de activos, el Estado peruano reafirma su compromiso con el juzgamiento de ilícitos de alto impacto económico y con el cumplimiento de los tratados bilaterales de extradición, en un contexto de creciente atención a la persecución de los delitos contra el patrimonio y el sistema financiero.
Fuente: El Peruano, N° de edición del viernes 11 de setiembre de 2026, sección Normas Legales, pág. 29 (referencia oficial: Resolución Suprema N° 182-2026-JUS).