Educación habilita a 16 asesores de FP y deniega tres solicitudes

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha habilitado con carácter nacional a 16 personas como personal asesor y evaluador en los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación. La medida se formaliza en la Orden EDU/1035/2026, de 6 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 198, de 13 de octubre de 2026 (referencia BOCYL-D-13102026-198-11). La misma resolución deniega la habilitación a otras tres personas solicitantes.

El marco de la decisión es el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, que desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional y reserva las tareas de asesoramiento y evaluación a quienes hayan sido habilitados por las administraciones competentes; su artículo 187 exige acreditar experiencia dentro de determinados colectivos. El procedimiento se convocó mediante la Orden EDU/1935/2022, de 22 de diciembre, de carácter abierto y permanente, y la propuesta de habilitación la formuló la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial. La orden lleva la firma de la consejera de Educación, María Pardo Álvarez, y se fecha en Valladolid el 6 de octubre de 2026.

Dieciséis habilitaciones en once familias profesionales

El anexo I relaciona al personal habilitado con indicación de la familia o familias profesionales correspondientes:

• Sergio Álvarez Chamorro (ELE–Electricidad y Electrónica).
• Leticia Bermejo Sancho (HOT–Hostelería y Turismo).
• David Blanco Figal (IFC–Informática y Comunicaciones).
• Francisco Daroca Bello (EOC–Edificación y Obra Civil).
• Valentín Díaz Maroto Hidalgo (ENA–Energía y Agua).
• Cristina Escaja Domínguez (IMS–Imagen y Sonido).
• Irene Fernández Escudero (SAN–Sanidad).
• David Hernández Pulido (IFC–Informática y Comunicaciones).
• Pablo Marín Voces (SAN–Sanidad).
• María del Carmen Miguélez Reinoso (ADG–Administración y Gestión).
• Leticia Moro Carabias (SSC–Servicios Socioculturales y a la Comunidad).
• Matilde Clara del Pozo Garrote (COM–Comercio y Marketing).
• María Jesús Rodríguez Sánchez (COM–Comercio y Marketing).
• Manuel Rus Martínez (HOT–Hostelería y Turismo).
• Rodrigo Vecilla Bravo (TMV–Transporte y Mantenimiento de Vehículos).
• Lorena Vicente Cebolla (COM–Comercio y Marketing).

Las habilitaciones se concentran en once familias profesionales, con Comercio y Marketing como la más representada, con tres personas, seguida de Sanidad, Informática y Comunicaciones y Hostelería y Turismo, con dos cada una.

Tres solicitudes denegadas por falta de atribución docente

El anexo II recoge las habilitaciones denegadas, todas por la causa 1 prevista en el apartado tercero de la Orden EDU/1935/2022, de 22 de diciembre: no tener atribución docente en la familia o familias profesionales en las que se pretende la habilitación y, al menos, cuatro años de experiencia docente impartiendo módulos asociados a cualificaciones profesionales de dichas familias.

• Genoveva Ángeles Guerras Rapado (IMP–Imagen Personal).
• Yolanda de las Heras Sánchez (ADG–Administración y Gestión).
• Juan Sierra Morán (AGA–Agraria y FME–Fabricación Mecánica).

Carácter nacional, publicidad y vías de recurso

Según el apartado sexto.3 de la orden de convocatoria, la habilitación tiene carácter nacional y las personas habilitadas se integran en la red de asesoramiento y evaluación de Castilla y León, en los términos del artículo 14 de la Orden HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, que desarrolla la gestión del procedimiento y su estructura organizativa.

La orden se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y ese mismo día se difunde en la sede electrónica de la Administración autonómica y en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la consejera de Educación o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; ambos plazos se cuentan desde el día siguiente a la publicación.

La resolución amplía la bolsa de profesionales acreditados para certificar competencias adquiridas en el trabajo, un trámite clave para el profesorado de Formación Profesional y para trabajadores sin titulación académica que buscan reconocer oficialmente su experiencia. El refuerzo de la red de asesoramiento y evaluación condiciona la capacidad de la Comunidad para atender la demanda de acreditaciones en sectores como la industria, la sanidad o los servicios.

Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 198, de 13 de octubre de 2026, sección I.D Otras Disposiciones, págs. 33-36 (referencia oficial: BOCYL-D-13102026-198-11).