Diez años de inhabilitación para gestionar por quiebra fraudulenta en Courtrai

El tribunal correccional de Courtrai condenó en ausencia, el 13 de noviembre de 2025, a Marcin Miroslaw Ryckiewicz, ciudadano polaco domiciliado en Harelbeke, a diez meses de prisión efectiva y a una multa de 4.000 euros por delitos relacionados con la quiebra de la sociedad KMS Trading & Services BV. La sentencia, que ya ha adquirido fuerza de cosa juzgada, fue publicada mediante extracto en el Moniteur belge del 8 de octubre de 2026, páginas 53650-53651, bajo la referencia 2340, y conlleva la prohibición de ejercer cualquier función directiva y cualquier actividad comercial durante diez años.

Una publicación ordenada por el tribunal

El tribunal de primera instancia de Flandes Occidental, división de Courtrai (K.15), ordenó la publicación del extracto de conformidad con el artículo 490 del Código Penal, a cargo del condenado. La medida de prohibición se basa en el decreto real n° 22 del 24 de octubre de 1934 relativo a la prohibición judicial impuesta a ciertos condenados y quebrados de ejercer determinadas funciones, profesiones o actividades.

• Prohibición, durante diez años, de ejercer las funciones contempladas en el artículo 1 del decreto real n° 22 del 24 de octubre de 1934.
• Prohibición, sobre la base del artículo 1bis del mismo decreto, de ejercer personalmente o a través de un tercero una actividad comercial.
• Publicación en el Moniteur belge a cargo de Ryckiewicz, Marcin.

Cinco cargos admitidos

El acusado fue procesado como autor o coautor (artículo 66 del Código Penal) por cinco series de hechos, cometidos en Bavikhove (Harelbeke) y otros lugares:

• A — En calidad de administrador legal de la sociedad quebrada KMS Trading & Services BV (número de empresa 0750.924.510, sede en 8531 Harelbeke, Dahlialaan 4), haber desviado una parte del activo con intención fraudulenta (artículos 489ter, párrafo 1, 1°, y 490 del Código Penal), entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2022.
• B — Haber consentido medios demasiado costosos para obtener dinero, concretamente compras con vistas a la reventa a un precio inferior al de mercado (artículos 489bis, 1°, y 490), entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2022.
• C — Haber omitido la confesión de la quiebra en el plazo previsto en el artículo XX.102 del Código de Derecho Económico, con el fin de retrasar su declaración (artículos 489bis, 4°, y 490), el 1 de febrero de 2022, fijándose el cese de pagos el 1 de enero de 2022.
• D — Abuso de confianza (artículo 491, párrafo 1), el 1 de diciembre de 2021, en perjuicio de Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros, relativo a un vehículo Volkswagen Caddy Life (chasis WV2ZZZ2KZLX089143).
• E — Sustracción de objetos incautados (artículo 507, párrafo 1), entre el 28 de marzo y el 29 de abril de 2022.

Un pasivo fiscal y social de más de 127.000 euros

El tribunal determinó que el acusado había creado un crédito artificial y ruinoso al incumplir sistemáticamente sus obligaciones financieras con acreedores pacientes, a saber, la ONSS y el Ministerio de Finanzas, cuyas acreencias representaban una parte importante del pasivo:

• IVA: 28 152,13 euros.
• ONSS: 99 667,94 euros.

Los vehículos incautados el 28 de marzo de 2022 por un alguacil — Mercedes 902.6 KA (WDB9026621R440263), Aixam (A948501L042), BMW X3 2.0D (WBAPB11040WE04400), Peugeot Partner (VF37l91-HSCPJ573214) y Mercedes S320C31 (WDD2210221A114250) — figuran entre los objetos afectados por la imputación de sustracción.

Penas, costas y vías de recurso

Además de la pena principal, la sentencia impone al condenado:

• una contribución de 200 euros al Fondo de ayuda a las víctimas de actos intencionales de violencia (25 euros incrementados en 70 décimas);
• una contribución de 26 euros al Fondo presupuestario para la asistencia jurídica de segunda línea;
• una indemnización especial de 61,01 euros en aplicación del artículo 91 del real decreto del 28 de diciembre de 1950;
• las costas judiciales, liquidadas en 34,80 euros.

No se ha interpuesto ningún recurso contra esta sentencia, cuyo extracto fue entregado al procurador del Rey de Courtrai. El extracto está fechado el 3 de septiembre de 2026 y firmado por la secretaria Valerie Leyman.

La publicación en el Moniteur belge pone la prohibición en conocimiento del público, de los acreedores y de los socios comerciales: durante diez años, Marcin Miroslaw Ryckiewicz no podrá administrar una sociedad ni ejercer una actividad comercial en Bélgica. Para los operadores económicos, el aviso constituye una señal de alerta verificable antes de cualquier relación de negocios con el interesado o con entidades que pudiera intentar controlar indirectamente.

Fuente: Moniteur belge del 8 de octubre de 2026, páginas 53650-53651, referencia 2340 — tribunal de primera instancia de Flandes Occidental, división de Courtrai, sentencia del 13 de noviembre de 2025.