Derogan utilidad pública de seis acueductos rurales y cuatro entidades de bienestar

El Poder Ejecutivo dejó sin efecto la declaratoria de utilidad pública de diez asociaciones —seis administradoras de acueductos rurales y cuatro entidades de atención social— mediante decretos firmados por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Las disposiciones, identificadas entre el Decreto Ejecutivo N° 45898-MJP y el Decreto Ejecutivo N° 45952-MJP, aparecen en la Sección de Decretos del Poder Ejecutivo de La Gaceta N° 211 del viernes 6 de noviembre de 2026, en las páginas 2 a 8.

El marco jurídico invocado en todos los casos es el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, que faculta al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública a las asociaciones cuyas actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, junto con los artículos 25, 27 y 28 de la Ley General de Administración Pública N° 6227 y los numerales 32, 33 bis y 33 ter del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2001. Ese reglamento fija dos causales principales: la renuncia formal de la asociación y la no presentación del informe anual de labores, previa prevención por diez días hábiles. Cada decreto ordena notificar el acto al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación y el Registro Nacional de la Propiedad para que procedan conforme a su competencia.

Seis acueductos rurales pierden el beneficio

Las organizaciones que administran sistemas de agua comunales concentran el mayor bloque de derogatorias:

• Asociación Administradora del Acueducto del Recreo de Turrialba (Decreto Ejecutivo N° 45898-MJP, 24 de julio de 2026): renuncia formal comunicada por su presidente, Carlos Brenes Montoya; deja sin efecto el Decreto Ejecutivo N° 34932-J.
• Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Rural de Los Criques, Valle Azul, Pueblo Nuevo y El Progreso (Decreto Ejecutivo N° 45899-MJP, 30 de junio de 2026): informe anual de labores de 2024 incompleto; se tramitó el procedimiento administrativo 002-UP-2026 y la resolución RMJP-0662-06-2026; deroga el Decreto Ejecutivo N° 41379-JP.
• Asociación de Acueductos de San Pedro de Pérez Zeledón (Decreto Ejecutivo N° 45926-MJP, 12 de agosto de 2026): renuncia presentada por su representante legal, Ergirio Dagoberto Jiménez Leiva; deroga el Decreto Ejecutivo N° 42166-MJP.
• Asociación Administradora de Acueductos Rurales de Río Piedras (Decreto Ejecutivo N° 45928-MJP, 14 de agosto de 2026): incumplió el informe de 2024 y el informe de verificación de requisitos; medió la resolución ministerial RMJP-0787-08-2026; deroga el Decreto Ejecutivo N° 39184-MJP.
• Asociación Administradora del Acueducto Integrado de San Antonio Mollejones de Pejiballe del cantón de Pérez Zeledón (Decreto Ejecutivo N° 45937-MJP, 24 de julio de 2026): informe de 2024 incompleto y renuncia posterior; deroga el Decreto Ejecutivo N° 34943-J.
• Asociación Unión de Asociaciones Gestoras por el Ambiente y la Salud (Decreto Ejecutivo N° 45951-MJP, 18 de setiembre de 2026): no acreditó utilidad pública ni costo-beneficio para las ASADAS afiliadas; deroga el Decreto Ejecutivo N° 35231-J.

Cuatro entidades de atención social quedan sin declaratoria

El segundo grupo reúne organizaciones de cuido de personas, entre ellas dos de larga trayectoria:

• Asociación Materno Santa Clara de Asís (Decreto Ejecutivo N° 45916-MJP, 3 de julio de 2026): renuncia comunicada mediante oficio del 25 de abril de 2025 por su presidenta, Hazel Jiménez Blen; deroga el Decreto Ejecutivo N° 39008-MJP.
• Asociación Hogar Carlos María Ulloa (Decreto Ejecutivo N° 45927-MJP, 10 de agosto de 2026): incumplió los informes de labores de 2023 y 2024 y el informe de verificación y control; deroga el Decreto Ejecutivo N° 32153-J.
• Asociación de Atención Integral del Anciano San Cayetano (Decreto Ejecutivo N° 45940-MJP, 2 de setiembre de 2026): renuncia expresa de su representante legal, José Manuel Molina López, por consideraciones internas; deroga el Decreto Ejecutivo N° 33964-J.
• Asociación de Adulto Mayor en Acción de Pérez Zeledón (Decreto Ejecutivo N° 45952-MJP, 1 de setiembre de 2026): incumplió los informes de 2023 y 2024; deroga el Decreto Ejecutivo N° 35081-J.

Trámite administrativo y registro

Los decretos indican que las decisiones se adoptaron tras los procedimientos de rigor: prevenciones por diez días hábiles, oficios de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz —como el AJ-2867-10-2025 y la Circular AJ-002-2025— y resoluciones razonadas del Despacho Ministerial. Todos ordenan comunicar el acto al Registro de Asociaciones del Registro Nacional para su anotación y rigen a partir de su publicación.

El efecto inmediato es que las diez organizaciones dejan de figurar como beneficiarias de la declaratoria que el Estado otorga a entidades sin fines de lucro consideradas de interés público. Para las administradoras de acueductos rurales y las entidades de cuido, el cambio ocurre en un contexto de financiamiento precario de servicios de agua y atención a personas adultas mayores en comunidades rurales.

Fuente: La Gaceta, N° 211, viernes 6 de noviembre de 2026, Sección Poder Ejecutivo — Decretos, págs. 2-8 (referencia oficial: decretos ejecutivos N° 45898-MJP a N° 45952-MJP).