Cruz Roja quedaría fuera de la regla fiscal por proyecto de ley

La Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que excluye de la regla fiscal los recursos parafiscales que financian a la Benemérita Cruz Roja Costarricense, mediante la adición de un nuevo inciso al artículo 6 de la Ley n.° 9635, “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. La iniciativa, registrada bajo el Expediente N.º 25.806 y firmada por la diputada Iztarú Alfaro Guerrero, se publicó en el Alcance N° 132 a La Gaceta N° 186 del viernes 2 de octubre de 2026, en la sección de Poder Legislativo. La institución advierte que la falta de fondos podría obligarla a cerrar 66 de sus 134 comités en todo el país.

El texto y su alcance

El artículo único del proyecto adiciona un inciso bb al artículo 6 de la Ley n.° 9635, que enumera las excepciones al ámbito de cobertura del título de regla fiscal. La redacción propuesta declara exentos los recursos provenientes de:

• Artículos 1 y 5 de la Ley n.° 8690, Contribución Parafiscal al Servicio de Telecomunicaciones.
• Inciso b) del artículo 234 de la Ley n.° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.
• Artículos 2 y 3 de la Ley n.° 5649, Ley de Financiamiento y Emisión de Timbres de la Cruz Roja.
• Inciso e) del artículo 5 de la Ley n.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.
• Inciso e) del artículo 15 y artículo 17 de la Ley n.° 7972, cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos.
• Inciso e) del artículo 8 de la Ley n.° 8718, distribución de rentas de las loterías nacionales.
• Inciso h) del artículo 15 de la Ley n.° 8461, Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico.

Todos esos recursos están dirigidos al financiamiento de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. El proyecto rige a partir de su publicación y cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales y ortotipográficos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

La crisis financiera de la Benemérita

La exposición de motivos recuerda que la Cruz Roja Costarricense fue declarada institución benemérita de la patria en 1989, por su labor humanitaria, de auxilio y rescate durante más de un siglo. Según el texto, la situación financiera ya provocó el cierre de la sede de San Pablo y San Rafael de Heredia y el cese de operaciones de los comités de Juan Viñas de Cartago y San Mateo de Alajuela.

El documento señala que 66 comités más operan en todo el territorio nacional con riesgo de cierre, al no contar con respaldo financiero para mantener sus operaciones. Añade que varios diputados manifestaron preocupación porque la organización aún no recibe ₡1.500 millones que permanecían congelados y cuyo desembolso fue comprometido por el Gobierno.

Servicios en riesgo

La iniciativa enumera las tareas que dependen de la institución: primera respuesta en accidentes de tránsito, acompañamiento a bomberos en incendios, traslado de pacientes de zonas rurales a centros médicos de la Gran Área Metropolitana, rescate en entornos acuáticos, urbanos y de montaña, búsqueda de personas perdidas y restablecimiento del contacto entre familias tras desastres en el exterior.

El texto cita a Jim Batres, subgerente operativo de la institución, quien indicó que algunas de las operaciones más complejas ocurren en territorios indígenas, donde las vías de acceso son escasas. En 2025 se realizaron casi 15.500 atenciones en esos lugares, con un promedio de 12 horas de duración por incidente.

El marco de la Ley 9635

La Ley n.° 9635 entró en vigencia en 2018 y transformó el impuesto de ventas en un IVA de base amplia, con tarifa general del 13%, tarifas reducidas del 4% para servicios de salud privados y boletos aéreos, y del 1% para productos de la canasta básica. Además, introdujo límites estrictos al crecimiento del gasto corriente del sector público según el crecimiento económico del país y la relación de la deuda pública.

La exposición de motivos sostiene que la propia ley previó en su artículo 6 una salida de la regla, pero ideada para instituciones públicas, condición que no comparte la benemérita, aunque sí parte de los recursos públicos que integran su presupuesto. El objetivo declarado es que la institución reciba los fondos que por ley le pertenecen.

Impacto

De aprobarse, la medida liberaría de los límites de crecimiento del gasto a las partidas parafiscales que sostienen a la Cruz Roja Costarricense, lo que definiría la continuidad operativa de decenas de comités y de los servicios de emergencia que prestan en zonas rurales e indígenas. El proyecto queda ahora a discusión de las diputaciones.

Fuente: La Gaceta — Diario Oficial, Alcance N° 132 a La Gaceta N° 186, viernes 2 de octubre de 2026, Poder Legislativo (Proyectos), referencia oficial: IN202601130028.