Congreso y Senado rechazan la Cuenta General del Estado de 2024

Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado rechazaron la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 y acordaron devolverla al Tribunal de Cuentas. La decisión se adoptó en las sesiones del 10 y del 29 de septiembre de 2026, respectivamente, y se publica en el Boletín Oficial del Estado número 279, de 9 de noviembre de 2026, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado (referencia BOE-A-2026-23477).

La norma publicada da cuenta del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, tramitado conforme a las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984, con números de expediente 250/000008 (Congreso) y 770/000004 (Senado). El texto lleva la firma de Francina Armengol Socias y de Pedro Rollán Ojeda.

El punto de partida es la Declaración aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador que actúa por delegación de las Cortes según el artículo 136 de la Constitución Española y el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. La Cuenta General de 2024 fue remitida por el Gobierno el 28 de octubre de 2025 y registrada en el Tribunal al día siguiente; la Declaración, numerada 1.677, se aprobó el 29 de abril de 2026 bajo la presidencia de Enriqueta Chicano Jávega.

Devolución por la ausencia de Presupuestos

El acuerdo primero rechaza la Declaración, integrada por la consolidación de las cuentas anuales del sector público estatal y de las entidades controladas por la Administración General del Estado, las multigrupo y las asociadas. El acuerdo segundo aprueba la resolución de la Comisión Mixta, que devuelve el documento al Tribunal por estos motivos:

• Ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con afectación del mandato del artículo 134.3 de la Constitución y conversión de la prórroga del artículo 134.4 en fórmula ordinaria de gobierno.
• Uso constante de modificaciones presupuestarias, en particular 2.389,4 millones de euros para pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos, financiados con bajas en el Servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
• Riesgos jurídicos y presupuestarios de esas prácticas, que debilitan la especialidad presupuestaria y la trazabilidad de los fondos europeos.
• Deterioro de las cuentas públicas, con patrimonio neto negativo en progresivo empeoramiento e intereses de la deuda de 32.362 millones de euros en 2024.

La resolución insta a que la Cuenta se presente ampliada, con informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga, en el plazo improrrogable de tres meses.

Las cifras que sostienen el rechazo

La Declaración del Tribunal, de la que se hace eco el Dictamen, constata que la ejecución de 2024 se apoyó en los presupuestos de 2023. Las modificaciones elevaron los créditos definitivos en 77.341,9 millones de euros sobre los iniciales, de los que 73.182,8 millones se financiaron apelando a la variación del saldo vivo de la deuda. Las obligaciones reconocidas por intereses pasaron de 29.066 millones en 2023 a 32.362 millones, un 11,3 % más.

El patrimonio neto consolidado negativo asciende a 776.000 millones de euros, con un decremento de 50.000 millones en el ejercicio, y el resultado presupuestario presenta un saldo negativo de 18.093,4 millones, que tras los ajustes del Tribunal llegaría a 22.183,7 millones. Los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros alcanzan 1.769.638 millones de euros, lo que limita la capacidad de ejecutar nuevas políticas.

En términos de contabilidad nacional, el déficit oficial de 2024 fue del 2,8 % del PIB (2,9 % para la Administración Central), tras excluir 5.590 millones de gastos extraordinarios por la DANA del 29 de octubre, según recoge la propia Declaración.

Salvedades y votos particulares

La opinión del Tribunal es favorable con salvedades. Entre ellas figuran la falta de integración de 65 de las 447 entidades del sector público estatal, la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros, obligaciones pendientes de imputar por 5.365,8 millones y deficiencias en los inventarios del inmovilizado material, que asciende a 319.327 millones, cerca del 50 % del activo no corriente.

El documento incorpora además un voto en contra de Javier Morillas Gómez, que reprocha a la Declaración no calificar como incumplimiento constitucional la falta de proyecto de Presupuestos, y votos concurrentes de Isabel Fernández Torres y de José Manuel Otero Lastres, Rebeca Laliga Misó, Miguel Ángel Torres Morato y Elena Hernáez Salguero. El Tribunal traslada a las Cámaras tres propuestas: subsanar las salvedades, acortar los plazos de rendición y resolver el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado.

El rechazo cierra el ciclo presupuestario de 2024 sin aprobación parlamentaria de la Cuenta y deja constancia oficial de que el control del gasto público se ejerció sobre unas cuentas prorrogadas y corregidas por la vía de modificaciones de crédito, un precedente que condiciona la fiscalización de los ejercicios siguientes.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 279, 9 de noviembre de 2026, Sec. III, pág. 151010 (referencia oficial: BOE-A-2026-23477).