Castilla-La Mancha convierte las fianzas de alquiler en ingreso público

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes 9 de noviembre de 2026 la Ley 4/2026, de 7 de mayo, de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha y promulgada por el presidente regional, Emiliano García-Page Sánchez. La norma convierte el depósito de fianzas de alquiler en un instrumento de naturaleza pública y redefine el suelo de equipamiento público residencial y la vivienda dotacional pública. El texto aparece en la Sección I del boletín, con la referencia oficial BOE-A-2026-23390.

El depósito de fianzas pasa a ser ingreso de Derecho Público

El artículo 1 modifica la Ley 2/2002, de 7 de febrero, de viviendas de protección pública de la comunidad, para dar nueva redacción a su disposición adicional tercera, dedicada al depósito de fianzas arrendaticias. La exposición de motivos justifica el cambio en la necesidad de “reforzar los instrumentos de intervención pública en materia de vivienda optimizando recursos ya existentes”.

Los puntos centrales del nuevo régimen son:

• Las personas arrendadoras quedan obligadas a depositar la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
• El depósito será gratuito, no devengará interés alguno y se considerará un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha.
• La Consejería competente en materia de vivienda podrá disponer de hasta el 80 por 100 del importe total de los depósitos y deberá reservar, al menos, el 20 por 100 restante para las devoluciones que procedan.
• Los procedimientos de depósito, gestión, devolución y control se fijarán por vía reglamentaria, vía que también permitirá ampliar o restringir las personas exceptuadas de la obligación y el porcentaje de reserva.

La ley detalla además los destinos del gasto con cargo a las fianzas depositadas:

• Inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas.
• Actuaciones directas en núcleos de población sujetos a procesos de regeneración o renovación urbana.
• Fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción.
• Medidas de fomento del alquiler y de las políticas de acceso a la vivienda.
• Cooperación con los ayuntamientos para impulsar actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.
• Otras fórmulas de incentivo a la adquisición, como avales, garantías públicas y ayudas en general.

El preámbulo subraya que la regulación también refuerza las garantías de arrendadores y arrendatarios en la devolución de las fianzas, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica y la agilidad de los procedimientos.

Nuevos usos para el suelo de equipamiento residencial

El artículo 2 modifica el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, que aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). El cambio afecta al apartado 10.1 de la disposición preliminar, que pasa a definir el suelo de equipamiento público residencial como el suelo de equipamiento público “destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda”.

Según la exposición de motivos, la modificación abre los usos de estos suelos a otros colectivos además de los vulnerables, hasta ahora el único grupo contemplado. La norma no detalla qué colectivos concretos se incorporan ni fija plazos o condiciones adicionales en el texto publicado.

El apartado 21 de la disposición preliminar redefine también la vivienda dotacional pública: aquella construida sobre suelos de titularidad pública calificados como sistema general o local de equipamientos, sobre los que podrá constituirse derecho de superficie, concesión administrativa o negocio jurídico equivalente.

La ley precisa que la titularidad temporal de las viviendas no altera la titularidad de los suelos ni su naturaleza jurídica demanial, y que estos inmuebles se destinarán mediante alquiler, cesión u otra fórmula de tenencia temporal a residencia habitual de personas cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado.

Quedan excluidos de esta regulación los suelos dotacionales de propiedad privada y los públicos destinados a zonas verdes o espacios libres, como viales, plazas, áreas peatonales o zonas de juego. Al tener carácter de equipamiento público, estas viviendas no estarán sujetas a las exigencias dotacionales previstas para otros usos en el artículo 31 de la ley urbanística.

Entrada en vigor y publicación

La disposición final única establece que la ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que se produjo en el número 92, de 18 de mayo de 2026. El texto fue firmado en Toledo el 7 de mayo de 2026 por Emiliano García-Page Sánchez.

Impacto para arrendadores e inquilinos

La conversión de las fianzas en ingreso público traslada a la Hacienda de Castilla-La Mancha la gestión de un dinero que hasta ahora permanecía en manos de los arrendadores, con una reserva mínima del 20 por 100 para responder a las devoluciones y un margen del 80 por 100 destinado a financiar vivienda protegida, rehabilitación y ayudas al alquiler. Para los inquilinos, la norma refuerza las garantías de recuperación del depósito; para los propietarios, añade una obligación de ingreso ante la administración regional y deja en manos del desarrollo reglamentario las excepciones y los trámites concretos.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 279, de 9 de noviembre de 2026, Sec. I. Disposiciones generales, págs. 150809-150810 (referencia oficial: BOE-A-2026-23390).