Cassà aprueba ampliar la videovigilancia de la zona deportiva por 42.136 euros

El alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas Bertran, ha aprobado la memoria valorada para las obras de ampliación y mejora del sistema de videovigilancia de la zona deportiva municipal, con un presupuesto de ejecución por contrato de 42.136,07 euros, IVA incluido. La decisión se adoptó mediante el decreto 2026DECR002393, de 5 de octubre de 2026, y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona núm. 200, de 16 de octubre de 2026, con la referencia oficial BOP-2026_0_200_8735. La puesta en funcionamiento del sistema queda condicionada al cumplimiento previo de todas las autorizaciones exigibles en materia de videovigilancia policial y protección de datos personales.

El decreto, tramitado bajo el expediente X2026003544 dentro del área de Urbanismo, Servicios al Territorio y Actividades, avoca la competencia municipal para aprobar una propuesta de obra local ordinaria consistente en el suministro y la ampliación del sistema de videovigilancia. La memoria técnica valorada ha sido redactada por la mercantil SESP Serveis d’Enginyeria, que asume el dimensionamiento de la intervención.

La publicación se hace de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS), y el acuerdo se difunde en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona y en el Portal de Transparencia Municipal. El marco normativo de referencia incluye el Decreto 134/1999, de 18 de mayo, de regulación de la videovigilancia por parte de la policía de la Generalitat y de las policías locales de Cataluña.

Autorizaciones previas y control de la videovigilancia

El decreto establece que el Ayuntamiento, con la colaboración de la empresa instaladora, deberá tramitar con carácter previo la solicitud de autorización ante la Dirección General de Administración de Seguridad, mediante la plataforma EACAT. La documentación a aportar incluye:

• El cuestionario correspondiente, si procede.
• El informe policial.
• Los planos de las ubicaciones de las cámaras.
• Las fotografías de las ubicaciones de las cámaras.

El pronunciamiento favorable deberá contar con el dictamen previo de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña. Además, la empresa instaladora deberá facilitar al Ayuntamiento y a la Policía Local toda la documentación técnica necesaria para la tramitación y ejecutar la instalación según las condiciones y limitaciones que resulten de la autorización.

Obligaciones en materia de protección de datos

Antes de la puesta en funcionamiento, el consistorio deberá cumplir las obligaciones aplicables de protección de datos personales. El decreto enumera de manera expresa:

• La información a las personas afectadas.
• La señalización de la existencia de las videocámaras.
• Las medidas de seguridad del tratamiento.
• Las condiciones de acceso, custodia y conservación de las imágenes.
• La actualización de la documentación del tratamiento de videovigilancia, cuando sea exigible.

La resolución también faculta al alcalde para ejecutar los actos necesarios para la tramitación de la propuesta y, en particular, para llevar a cabo las actuaciones administrativas dirigidas a obtener las autorizaciones en materia de videovigilancia.

Publicación y antecedentes municipales

El documento está firmado electrónicamente por Pau Presas Bertran en fecha 6 de octubre de 2026 y ocupa las páginas 1 y 2 del boletín provincial, con el número de edicto 8735. La intervención se suma a otras inversiones recientes aprobadas por el mismo consistorio en equipamientos deportivos, como la sustitución de la planta deshumidificadora de la piscina cubierta municipal, con un presupuesto base de licitación de 224.073,72 euros, IVA incluido, aprobada por el Pleno el 31 de agosto de 2026.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Cassà de la Selva inicia el procedimiento para dotar la zona deportiva de un sistema de videovigilancia ampliado, si bien la ejecución efectiva y el encendido de las cámaras no podrán producirse hasta que se resuelvan las autorizaciones policiales y de protección de datos. La medida afecta directamente a usuarios y trabajadores de las instalaciones deportivas, que verán reforzada la seguridad del recinto a cambio de un régimen estricto de control, información y conservación de las imágenes registradas.

Fuente: Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 200, 16 d’octubre de 2026, Administració local - Ajuntaments, pàg. 1-2 (referència oficial: BOP-2026_0_200_8735).