Cantabria y Argoños firman un convenio para derribar 225 viviendas

El Boletín Oficial de Cantabria publica en su número 163, de 25 de agosto de 2026, la resolución por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños para la articulación de la asistencia técnica, jurídica y económica necesaria para la ejecución de sentencias de derribo. El acuerdo, firmado en Santander el 18 de agosto de 2026, afecta a 225 viviendas del municipio cuyas licencias fueron anuladas en procesos judiciales.

La resolución, con referencia CVE-2026-6656, fue dictada el 19 de agosto de 2026 por la secretaria general de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Ana Belén Ruiz San Millán, y se publica en las páginas 40313 a 40319 del boletín.

Un conflicto urbanístico de más de dos décadas

El convenio hunde sus raíces en septiembre de 2011, cuando el Gobierno de Cantabria elaboró, junto a los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera, una propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición de viviendas. En marzo de 2020 se aprobó la actualización de ese plan, que fue remitida a los órganos judiciales competentes.

Las 225 viviendas afectadas se ubican en distintos ámbitos del término municipal y fueron construidas al amparo de licencias anuladas en sede judicial. En varios casos, las anulaciones se debieron a actuaciones de responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Argoños, sin participación de la Administración autonómica.

Los expedientes de responsabilidad municipal

El convenio detalla los grupos de viviendas cuya responsabilidad patrimonial fue declarada exclusivamente municipal:

• 19 viviendas de la Urbanización Las Llamas I, anuladas por los recursos 183/1999, 181/1999, 184/1999 y 185/1999 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, por impacto paisajístico.
• 5 viviendas de la licencia “Pepín Cano” (una ya demolida y dos de propiedad municipal) y 4 viviendas de la licencia “Munargo”, anuladas por el recurso 1997/1999 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
• 16 viviendas de la licencia “SATEC”, anuladas por los recursos 1200/1998 y 1914/1998 acumulados.
• 12 viviendas de la licencia “Santiago Martínez de Isla”, anuladas por el recurso 1992/1998.

La ejecución de estas sentencias se encuentra pendiente de un plan de cumplimiento aprobado por los tribunales, por el que el Ayuntamiento aporta anualmente una cantidad hasta completar la garantía del artículo 108.3 de la LJCA, y que se prolonga hasta el año 2034.

Asistencia autonómica y seguimiento

El convenio, suscrito por el consejero Roberto Media Sainz y el alcalde Juan José Barruetabeña Manso, prevé que el Gobierno de Cantabria preste colaboración técnica y jurídica en la elaboración de propuestas de terminación convencional con los propietarios, y auxilie económicamente al Ayuntamiento cuando las cantidades consignadas resulten insuficientes para satisfacer las responsabilidades patrimoniales. La gestión de los expedientes seguirá siendo competencia municipal.

Para su desarrollo se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, presidida por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente e integrada por tres representantes de cada parte. El convenio, autorizado por el Consejo de Gobierno y el Pleno municipal el 6 de agosto de 2026, tendrá eficacia desde su publicación y se extenderá hasta que se alcancen sus objetivos.

Impacto para los propietarios

El acuerdo articula una respuesta coordinada entre la Administración autonómica y local para resolver una problemática que afecta directamente a los propietarios de las 225 viviendas, garantizándoles una mayor seguridad jurídica y económica en la ejecución de los derribos. La firma no supone, en ningún caso, el reconocimiento de responsabilidad administrativa o judicial por parte del Gobierno de Cantabria en los casos ya resueltos por los tribunales.

Fuente: Boletín Oficial de Cantabria, núm. 163, 25 de agosto de 2026, págs. 40313-40319 (referencia oficial: CVE-2026-6656).