Canarias aprueba un decreto de convivencia escolar con defensor del alumnado

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto 169/2026, de 30 de octubre, por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. La norma se publica en el Boletín Oficial de Canarias núm. 223, de 9 de noviembre de 2026, en la sección I (Disposiciones generales), con el número 3844 y a partir de la página 40256. Entrará en vigor a los 20 días naturales contados desde su publicación y sustituye al Decreto 114/2011, de 11 de mayo.

El texto lo firman el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo Batlle, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Alejandro Suárez Nuez, y fue aprobado tras la deliberación del Ejecutivo del 30 de octubre de 2026. En su tramitación se oyó al Consejo Escolar de Canarias y se contó con el Dictamen n.º 337/2026, de 17 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias.

La regulación se despliega en 53 artículos organizados en cuatro títulos: disposiciones generales; gestión de la convivencia y promoción del bienestar; derechos y deberes de la comunidad educativa; y conductas contrarias a la convivencia, medidas preventivas y correctoras y procedimientos. Su ámbito son los centros de enseñanzas no universitarias de titularidad pública y los privados financiados con fondos públicos.

Un defensor del alumnado en cada Dirección Territorial

La norma desarrolla la defensa de los derechos del alumnado mediante un órgano de apoyo y asesoramiento cuya persona responsable será el defensor o la defensora del alumnado, con actuación independiente. Existirá una persona responsable de este órgano en el ámbito de cada Dirección Territorial de Educación, nombrada por el titular de la Consejería por un periodo de cuatro cursos académicos, prorrogable por otro de igual duración.

Los requisitos y funciones principales son:

• Ser personal funcionario de carrera de cualquiera de los cuerpos docentes con destino en Canarias, con al menos cinco años de experiencia docente.
• Tramitar y seguir las quejas o reclamaciones por incumplimiento de los derechos del alumnado, e informar anualmente a la Dirección Territorial correspondiente.
• Informar y asesorar al alumnado sobre sus derechos y deberes y promover su participación en el centro.
• Admitir quejas de cualquier alumno o alumna y de sus representantes legales, salvo las relativas a evaluación académica.

El defensor o defensora no podrá ser expedientado, sancionado ni trasladado por las opiniones o actos realizados en el ejercicio de sus funciones, y sus gestiones estarán sometidas al deber de confidencialidad.

Conductas leves, graves y muy graves

El título IV tipifica las conductas contrarias a la convivencia en tres niveles y regula las medidas aplicables. Entre las conductas muy graves figuran el acoso y el ciberacoso escolares, la violencia de género y sexual, la agresión física, la grabación y difusión no autorizada de imágenes, la suplantación de identidad y el uso indebido de sistemas de inteligencia artificial para crear o difundir contenido falso o manipulado que dañe la dignidad de miembros de la comunidad educativa.

Los plazos establecidos son:

• Las medidas deben aplicarse en un plazo no superior a 3 días lectivos.
• Prescripción de las conductas: 3 meses para las leves, 6 para las graves y 9 para las muy graves.
• Prescripción de las medidas correctoras: 6 meses en leves y graves y 9 meses en muy graves.
• Suspensión del derecho de asistencia a materias: hasta 3 días lectivos en conductas graves y de 3 a 10 días si concurren agravantes.
• Suspensión de asistencia al centro en conductas muy graves: de 11 a 20 días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua, y posible inhabilitación temporal o definitiva en el centro.

En los supuestos de especial gravedad, la Consejería pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, y el procedimiento disciplinario quedará suspendido si se incoa expediente penal. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuenta con consideraciones específicas y con ajustes razonables en la aplicación de las medidas.

Mediación, aula de convivencia y Observatorio

Los centros deberán recoger en su Plan de convivencia estrategias como la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el sistema de apoyo entre iguales, las tutorías afectivas, los patios para la convivencia, la educación emocional y un aula o espacio de convivencia para la atención educativa temporal del alumnado. Se regulan además los procedimientos de mediación formal, conciliación, intervención frente al acoso y ciberacoso y frente a la violencia de género, con notificación inmediata a la Inspección de Educación.

El decreto crea el Observatorio canario para la convivencia escolar, órgano colegiado consultivo adscrito a la Consejería, con funciones de asesoramiento, propuesta, evaluación y difusión de buenas prácticas, que publicará un informe anual con datos agregados e indicadores y colaborará con el Consejo Escolar de Canarias. Los centros remitirán su informe anual del Plan de convivencia a este órgano para integrarlo en el informe autonómico.

La norma concede un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para que los centros revisen y actualicen sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia, y mantiene vigentes los protocolos de acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida y protección de la infancia hasta su actualización.

La aplicación del nuevo marco afecta a alumnado, familias, profesorado, personal de administración y servicios y equipos directivos de toda Canarias, que deberán adaptar en el curso siguiente sus documentos internos y sus procedimientos de intervención a un régimen con plazos tasados, refuerzo de la autoridad docente y vías alternativas al expediente disciplinario.

Fuente: Boletín Oficial de Canarias, núm. 223, 9 de noviembre de 2026, sección I. Disposiciones generales, pág. 40256 (referencia oficial: nº 3844; decreto 169/2026).