Canarias aprueba el reglamento de campings y áreas de autocaravanas

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto 170/2026, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, que ordena por primera vez en el archipiélago los campings y las áreas de acampada y pernocta de autocaravanas. La norma se publica en el Boletín Oficial de Canarias núm. 223, de 9 de noviembre de 2026, dentro de la sección I. Disposiciones generales, con la referencia oficial 3845. El texto entrará en vigor a los tres meses de su publicación, esto es, en febrero de 2027.

El decreto llega a propuesta de la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica del Carmen de León Verdugo, y está firmado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo Batlle, tras el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias n.º 335/2026, de 30 de septiembre. El reglamento consta de doce capítulos y 86 artículos y sustituye un vacío normativo: la modalidad de campamentos de turismo desapareció de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo y el Decreto 142/2010 no la recogió, de modo que la actividad se venía rigiendo por la antigua Orden de 31 de agosto de 1993, ahora derogada.

El Ejecutivo justifica la urgencia por la expansión del turismo itinerante “al margen de cualquier actividad administrativa institucional de ordenación”, con afecciones territoriales e inseguridad jurídica. La norma se aplica a las ocho islas y a los 88 municipios canarios mediante un sistema de puntos que permite adaptar las instalaciones al territorio.

Cinco tipologías y control administrativo

El reglamento clasifica los alojamientos al aire libre en cinco modalidades:

• Campings.
• Áreas de acampada de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares.
• Áreas de pernocta de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares.
• Acampadas en edificaciones rurales aisladas.
• Alojamientos turísticos singulares, como cabañas, iglús, yurtas o burbujas.

La actividad se somete a declaración responsable previa, sin autorización administrativa anterior, y permite iniciar la actividad el mismo día de su presentación. Los cabildos insulares reciben las declaraciones, tramitan la inscripción en el Registro General Turístico de Canarias y revisan las categorías; los ayuntamientos otorgan las licencias municipales e inspeccionan los planes de autoprotección y los estudios de riesgos. La potestad sancionadora e inspectora corresponde al departamento autonómico de Turismo.

Distancias mínimas y zonas de riesgo

El capítulo III prohíbe instalar estos establecimientos en una serie de emplazamientos, con distancias concretas:

• A menos de 500 metros de bienes de interés cultural o de su entorno.
• A menos de 250 metros de actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
• A menos de 500 metros de gasolineras y almacenes de combustibles, y de vertederos o depuradoras ajenas.
• A menos de 150 metros de captaciones de agua para consumo, con umbrales mayores para vertidos.
• Bajo líneas aéreas de alta tensión, salvo líneas de hasta 30 kilovoltios y más de 7 metros de altura, con franjas de prohibición de 5 metros a cada lado.
• En zonas inundables de flujo preferente, áreas de riesgo inaceptable de incendio forestal o terrenos con movimientos e inestabilidad del suelo.

Estancias, parcelas y régimen sancionador

Los campings se clasifican en tres, cuatro y cinco tiendas y cinco tiendas lujo, con umbrales de 100, 150 y más de 200 puntos. La parcela mínima es de 90, 70 y 50 metros cuadrados según categoría, la zona de acampada no puede superar el 75% de la superficie y la ocupación por clientes se limita a seis meses al año. Se prohíbe la venta o alquiler de parcelas y cualquier elemento fijo.

En las áreas de pernocta la estancia máxima es de 72 horas, prorrogables hasta las 10:00 del día siguiente; el 60% de las parcelas tendrá al menos 32 metros cuadrados y el resto 25, y las complementarias no podrán superar cinco plazas. Las áreas de acampada admiten hasta seis meses y no pueden constituir núcleo de población. Las acampadas en edificaciones rurales exigen 750 metros cuadrados, un máximo de 18 campistas y 300 metros de distancia al casco urbano. La acampada libre queda prohibida, y los incumplimientos se sancionan conforme a la Ley 7/1995.

Moratorias y adaptación

La disposición transitoria primera permite a los ayuntamientos sin establecimientos de este tipo habilitar zonas provisionales de pernocta durante un máximo de cinco años, con cierre obligado en seis meses si se abre un camping o área reglada en el municipio. Los establecimientos ya existentes disponen de cinco años para adaptarse y pueden pedir dispensas, resueltas en tres meses y estimadas por silencio administrativo.

La norma afecta de lleno a tres sectores: el turismo itinerante europeo, que gana por primera vez suelo regulado donde pernoctar; los ayuntamientos, que asumen licencias e inspecciones y podrán ordenar zonas provisionales; y los cabildos, que concentran el registro y la comprobación de categorías. Para el viajero, el cambio más visible será la desaparición de la acampada libre y la exigencia de servicios homologados —agua, saneamiento, control de acceso y planes de autoprotección— en cada área autorizada.

Fuente: Boletín Oficial de Canarias, núm. 223 de 9 de noviembre de 2026, sección I. Disposiciones generales, pág. 40317 (referencia oficial: 3845).