Canarias abre información pública para declarar Las Palmas zona tensionada

El Instituto Canario de la Vivienda ha abierto el trámite de información pública del expediente para declarar Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) el conjunto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace mediante el anuncio de 9 de octubre de 2026 de su Directora, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 211, de 22 de octubre de 2026, en la sección V (Otros anuncios), con el número 3641. El procedimiento parte de una solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y es el paso previo a la declaración efectiva de la zona.

Un expediente iniciado por el Ayuntamiento en 2024

El origen del procedimiento se remonta al 10 de mayo de 2024, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comunicó al Instituto Canario de la Vivienda su voluntad de instar al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio para obtener información sobre la situación del mercado residencial en su ámbito municipal, al amparo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Ya con fecha de entrada de 20 de enero de 2025, el Consistorio presentó formalmente la solicitud de declaración de ZMRT para todo el término municipal. Tras varios requerimientos de subsanación, la documentación exigida quedó completa el 12 de marzo de 2026.

El Instituto Canario de la Vivienda emitió un informe el 24 de septiembre de 2026 en el que concluye que la documentación aportada permite continuar la tramitación del expediente y someterlo a información pública.

El marco legal: Decreto ley 1/2024 y Ley 7/2026

El procedimiento se regula en el Título V (artículos 36 a 38) del Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, en la redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 7/2026, de 31 de julio, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.

Según el apartado 1 del artículo 37, el procedimiento se inicia por el Ayuntamiento interesado, que debe presentar una solicitud acompañada de la documentación preceptiva. El apartado 3 del mismo artículo fija que, concluidos esos trámites, el órgano autonómico competente someterá el expediente a información pública por un plazo mínimo de veinte días.

Durante ese trámite debe ponerse a disposición de la ciudadanía toda la documentación que sirvió de base a la memoria justificativa y a la solicitud de declaración, así como el plan específico de medidas propuesto.

La competencia para dictar el acto corresponde a la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda, conforme al artículo 10.2 de sus Estatutos, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Treinta días hábiles y dos vías para alegar

El acuerdo de la Directora establece un plazo superior al mínimo legal:

• El plazo se inicia con la primera de las publicaciones, en el Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y permanece abierto hasta que transcurran treinta días hábiles desde el día siguiente a la segunda publicación.
• El expediente podrá examinarse en el portal de Participación Ciudadana, dentro del apartado de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y en la web del Instituto Canario de la Vivienda.
• Las alegaciones se presentarán preferentemente por medios electrónicos, mediante el formulario del portal de Participación Ciudadana.
• Las personas físicas podrán además presentarlas presencialmente en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El anuncio ordena, además, notificar el acto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El documento aparece firmado en Canarias, a 9 de octubre de 2026, por la Directora, María del Pino de León Hernández.

Qué supone para propietarios e inquilinos

La apertura de la información pública traslada el debate al terreno vecinal: durante las próximas semanas, propietarios, inquilinos, asociaciones y colegios profesionales podrán alegar sobre la memoria justificativa y el plan de medidas que acompañan la solicitud municipal. La declaración afectaría a todo el término municipal de la capital grancanaria, no a barrios concretos, y supondría aplicar el régimen de zonas tensionadas a un parque de vivienda de ámbito insular.

Fuente: Boletín Oficial de Canarias, núm. 211, de 22 de octubre de 2026, sección V (Otros anuncios), págs. 38119-38120 (referencia oficial: anuncio nº 3641).