Cámara de Cuentas: retraso generalizado en las zonas de bajas emisiones

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha dado publicidad al informe definitivo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y los OCEX autonómicos sobre el establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios. La resolución, de 30 de septiembre de 2026 y firmada por el presidente Fernando Andújar Hernández, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) núm. 193, de 7 de octubre de 2026, con la referencia 2026/7152. El informe concluye que la implantación de las ZBE en la comunidad presenta un grado “claramente insuficiente” y un “incumplimiento generalizado” de la obligación legal.

El marco de referencia es el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una ZBE antes del 1 de enero de 2023, y el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, que regula sus requisitos mínimos. La fiscalización, coordinada con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos, abarca los seis municipios obligados de la región —Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo— y toma como fecha de referencia el 31 de marzo de 2025.

El trabajo, de carácter horizontal de cumplimiento y operativo, examinó ordenanzas, proyectos técnicos, contratación y sistemas de medición, y se apoya en fuentes externas como la Base Nacional de Subvenciones, la Plataforma de Contratación del Sector Público y los boletines oficiales de las provincias. La auditora responsable del informe es María Victoria Galán Mora.

Solo Guadalajara disponía de una zona operativa, y fuera de plazo

A 31 de marzo de 2025, únicamente Guadalajara había implantado una ZBE, aunque lo hizo con posterioridad al plazo legal. Los ayuntamientos de Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina no disponían de una ZBE vigente y se encontraban en fases preliminares de elaboración o tramitación.

El informe aprecia una “insuficiente integración” de la ZBE en los planes de movilidad urbana sostenible, retrasos en la tramitación normativa, moratorias prolongadas y carencias en los sistemas de control y monitorización. Las razones alegadas por los consistorios —procedimentales, técnicas, financieras o jurídicas— “no eximen” del cumplimiento de la obligación legal.

La situación de Guadalajara se ha visto alterada por las sentencias núm. 178/2026 y 179/2026, de 15 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que declararon la nulidad de pleno derecho de la ordenanza reguladora de su ZBE por no acreditarse un PMUS previo y vigente que la contemplara.

Financiación PRTR y riesgos de justificación

La financiación de la ZBE de Guadalajara se sustentó mayoritariamente en recursos externos: 3.930.211,91 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 1.652.568,74 euros de convenios con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 88.335,00 euros del programa PIMA-CC. El informe advierte de una “elevada dependencia” y de riesgos asociados al cumplimiento de hitos y obligaciones de justificación, así como de posibles sobrecostes no subvencionables.

En el marco de las órdenes TMA/892/2021 y TMA/354/2022, financiadas con cargo al PRTR, los municipios sin ZBE percibieron:

• Albacete: 11.633.754,92 euros.
• Toledo: 3.185.910 euros.
• Talavera de la Reina: 2.426.481 euros.
• Ciudad Real: 2.045.000 euros.
• Cuenca: 321.687,36 euros.

El órgano de control constata una “falta de correspondencia” entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado, con un “riesgo relevante de ineficiencia” en el uso de fondos públicos.

Contratación sin cobertura normativa y reintegro en Cuenca

Los ayuntamientos canalizaron la implantación mediante contratación pública, en varios casos sin que la ordenanza estuviera aprobada. Las adjudicaciones ascienden a 3.575.919 euros en Ciudad Real, 3.436.550 euros en Toledo —con un coste incurrido de solo 50.000 euros—, 2.382.538 euros en Albacete y 2.332.326 euros en Talavera de la Reina.

En Cuenca, la falta de ejecución y justificación de una subvención del PIMA-CC 2021 derivó en un procedimiento de reintegro parcial resuelto el 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030: devolución del anticipo de 50.000 euros más 6.615,58 euros de intereses de demora y pérdida del 50 % restante de la ayuda.

Hechos posteriores y avances desiguales

El informe recoge los avances posteriores al 31 de marzo de 2025. Albacete aprobó inicialmente su ordenanza el 21 de abril de 2026; Ciudad Real aprobó su PMUS el 28 de noviembre de 2025 y publicó la ordenanza el 30 de diciembre de 2025; Cuenca la aprobó definitivamente el 24 de noviembre de 2025, con restricciones de acceso desde el 1 de enero de 2026. En Toledo, el Pleno rechazó la aprobación inicial de la ordenanza el 21 de noviembre de 2025.

El informe incorpora cuatro recomendaciones: impulsar la aprobación y puesta en funcionamiento de las zonas, reforzar el seguimiento y la evaluación de la calidad del aire —con mención expresa a Talavera de la Reina—, completar el proyecto técnico de Cuenca y garantizar en Guadalajara la integración previa de la ZBE en un PMUS.

La publicación del informe expone a los ayuntamientos obligados a un doble frente: acelerar la tramitación de unas zonas aún incompletas y justificar ante las administraciones concedentes unas ayudas europeas ya percibidas, cuyo incumplimiento puede derivar en reintegros. El retraso afecta directamente a la calidad del aire urbano y a la salud pública en las seis ciudades fiscalizadas.

Fuente: Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 193, 7 de octubre de 2026, sección I (Disposiciones Generales), pág. 34230 (referencia oficial: 2026/7152).