Bruselas abre una investigación sobre ayudas estatales respecto a la adjudicación de 42,2 millones de euros para energía solar en Rumanía

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si el pago de 42,2 millones de EUR por parte de Rumanía a diez desarrolladores solares, en virtud de un laudo arbitral, constituye una ayuda estatal ilegal. La decisión, notificada a Rumanía mediante carta con fecha 29 de julio de 2026, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de octubre de 2026 bajo la referencia C/2026/5197.

El caso, registrado como SA.113263 (2024/NN), se refiere al laudo dictado el 20 de febrero de 2024 por un tribunal establecido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el proceso LSG Building Solutions GmbH y otros v. Rumanía (Caso CIADI N.º ARB/18/19). El tribunal determinó que Rumanía incumplió el Artículo 10(1) del Tratado sobre la Carta Energética (TCE) al modificar su sistema de apoyo a los certificados verdes, y ordenó el pago de una indemnización más intereses y costas. Rumanía notificó el laudo a la Comisión el 19 de marzo de 2024, y el 31 de mayo de 2024 ingresó 256.020.536,28 RON (aproximadamente 51 millones de EUR) en una cuenta de propósito especial abierta a nombre de los demandantes en el Tesoro Estatal rumano.

Los demandantes y las plantas solares

Los diez demandantes son desarrolladores de proyectos que invirtieron en cinco plantas solares fotovoltaicas en el sur de Rumanía entre 2011 y 2013:

• LSG Building Solutions GmbH, Green Source Consulting GmbH, Core Value Investments GmbH & Co. KG Gamma y Core Value Capital GmbH, constituidas en Austria;
• Anina Pro Invest Ltd. y Giust Ltd., constituidas en Chipre;
• Risen Energy Solar Project GmbH y Pressburg UK GmbH, constituidas en Alemania;
• Solluce Romania 1 B.V., constituida en los Países Bajos;
• SC LJG Green Source Energy BETA S.R.L, constituida en Rumanía.

Las plantas son CEF Slobozia (45 MWp, Giurgiu), CEF Izvoarele (20 MWp, Giurgiu), CEF Izvoarele 2 (50 MWp, Giurgiu), CEF Frǎsinet 2 (9,5 MWp, Cǎlǎraşi) y CEF Frǎsinet 3 (5,4 MWp, Cǎlǎraşi). Todas se beneficiaron del sistema de certificados verdes creado por la Ley 220/2008 rumana, aprobada por la Comisión el 13 de julio de 2011 (SA.33134) y modificada posteriormente, con aprobaciones el 4 de mayo de 2015 (SA.37177) y el 16 de diciembre de 2016 (SA.46894). El presupuesto del sistema se estimó inicialmente en 19.500 millones de EUR y posteriormente se revisó a 17.400 millones de EUR.

Conclusiones preliminares de Bruselas

La Comisión sostiene la opinión preliminar de que el laudo y, en cualquier caso, su ejecución, cumplen los criterios acumulativos de ayuda de Estado en virtud del artículo 107(1) del TFUE: es imputable a Rumanía y se financia con recursos estatales, confiere una ventaja selectiva a los demandantes y distorsiona la competencia y el comercio en los mercados liberalizados de energía e inversión. Dado que la ayuda fue concedida el 20 de febrero de 2024, antes de cualquier aprobación de la Comisión, esta la considera ilegal y puesta en vigor en violación del artículo 108(3) del TFUE. Asimismo, expresa dudas sobre su compatibilidad, señalando que el laudo podría contravenir el artículo 19(1) del TUE, los artículos 267 y 344 del TFUE y los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE, siguiendo la jurisprudencia de los casos Achmea y Komstroy.

Importes y próximos pasos

Las propias cifras de Rumanía sitúan el total adeudado en 50 979 086 EUR, que comprende:

• 42 200 000 EUR en concepto de indemnización, más 5 214 100 EUR en intereses posteriores al laudo devengados hasta el 31 de mayo de 2024;
• 525 000 EUR y 2 995 701 EUR en gastos de defensa, más intereses;
• 503 610,17 USD en costes de arbitraje y 3 241 048 USD en costes legales.

Los intereses posteriores al laudo se calculan según el Euribor a un año más el 3 %, con capitalización anual, a partir del 1 de enero de 2022. La acción de anulación de Rumanía fue desestimada por un comité ad hoc el 18 de febrero de 2026, y los demandantes presentaron una demanda de ejecución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 7 de julio de 2026. Las partes interesadas disponen de un mes a partir de la publicación para enviar sus comentarios a la Secretaría de Ayudas de Estado de la Comisión.

La decisión trasciende a Rumanía: indica que la Comisión tratará los laudos arbitrales intra-UE como ayudas de Estado recuperables, exponiendo a los inversores que ejecuten tales laudos a reclamaciones de reembolso en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo. Rumanía no debe realizar ningún pago adicional y debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución del laudo en la UE o en terceros países.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, C/2026/5197, 6 de octubre de 2026, sección I (referencia oficial: CELEX C/2026/5197).