Bancos y cooperativas podrán diferir hasta 90 días créditos por El Niño

El Decreto Ejecutivo 529 faculta a las entidades que integran los sectores financieros público, privado y popular y solidario a implementar mecanismos de diferimiento extraordinario y temporal de las obligaciones crediticias de los deudores afectados por el fenómeno El Niño. El aplazamiento puede concederse por un período máximo de noventa días. La norma consta en el apartado de Decretos de la Función Ejecutiva del Registro Oficial —Tercer Suplemento Nº 404, Año II, Quito, viernes 6 de noviembre de 2026— y arranca en la página 5 del suplemento.

El sumario del boletín resume el alcance de la medida con esta fórmula: las entidades “podrán implementar mecanismos de diferimiento extraordinario y temporal de obligaciones crediticias, en beneficio de los deudores afectados por el fenómeno El Niño”, y añade que “el diferimiento podrá concederse por un período máximo de noventa (90) días”. El texto aparece bajo el epígrafe Presidencia de la República, dentro de la sección I del Registro Oficial, en un suplemento de 16 páginas que también contiene el Decreto Ejecutivo 528, sobre la representación del Presidente ante el Consejo de Gobierno de Galápagos, y el Acuerdo Ministerial MTDH-2026-037 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Qué permite y a quién alcanza

• Sectores cubiertos: entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, es decir, bancos públicos y privados y cooperativas de ahorro y crédito.
• Plazo máximo: noventa (90) días de diferimiento por obligación.
• Beneficiarios: deudores afectados por el fenómeno El Niño.
• Naturaleza del mecanismo: extraordinario y temporal, no permanente.
• Carácter de la habilitación: las entidades “podrán” aplicarlo, de modo que la implementación queda en su ámbito de decisión.
• Publicación: Decreto Ejecutivo 529, Registro Oficial Tercer Suplemento Nº 404, viernes 6 de noviembre de 2026, pág. 5.

Un fenómeno ya declarado y con alerta roja nacional

La medida se publica con el evento climático en curso y formalmente declarado. Según el Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, de 28 de agosto de 2026, el Comité Nacional ERFEN (CN-ERFEN) determinó el cumplimiento de los cuatro criterios del Protocolo para la Declaratoria de El Niño en Ecuador y declaró oficialmente el evento en el país. Ese mismo informe reportó una anomalía semanal de temperatura superficial del mar de aproximadamente +4,0 °C en la región Niño 1+2 y +2,6 °C en Niño 3.4, con anomalías del nivel del mar de entre +28 y +33 cm en estaciones costeras.

Sobre esa base, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos expidió la Resolución SNGR-238-2026, publicada en el Tercer Suplemento Nº 369 del 15 de septiembre de 2026, que declaró alerta roja en todo el territorio nacional por las razones expuestas en el Informe Técnico SNGR-SGIAR-2026-008. La escalada previa había ocurrido con la Resolución SNGR-193-2026, de 20 de julio de 2026, que cambió la alerta de amarilla a naranja en las áreas priorizadas: 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, ubicadas predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar.

El trasfondo financiero de la decisión

El propio informe técnico que sustentó la alerta roja recoge las perspectivas internacionales: la Discusión Diagnóstica del Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA, del 13 de agosto de 2026, mantenía un escenario de fortalecimiento de las condiciones de El Niño, y el pronóstico oficial estimaba para el trimestre octubre–diciembre de 2026 una probabilidad del 69 % de alcanzar un evento de magnitud histórica. Los efectos ya observados en el Litoral —lluvias puntuales, oleajes e inundaciones asociadas a aguajes— son el tipo de impacto que deteriora la capacidad de pago de hogares y pequeños negocios.

En ese contexto, el diferimiento opera como un aplazamiento temporal del cumplimiento de las obligaciones crediticias y no como una condonación de la deuda. La habilitación abarca a todo el sistema financiero, incluido el segmento popular y solidario, que concentra buena parte del crédito de consumo y microcrédito en cantones costeros y rurales expuestos al evento.

Cierre

La decisión llega cuando el CN-ERFEN ya declaró oficialmente el fenómeno y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la alerta roja en todo el país, de modo que el alivio financiero queda anclado a una emergencia reconocida por la propia institucionalidad técnica. Para los deudores afectados, el Decreto Ejecutivo 529 abre la puerta a hasta noventa días sin presión de pago sobre sus obligaciones; para bancos y cooperativas, fija el marco bajo el cual pueden reprogramar cartera sin salir de la normativa vigente durante los meses de mayor riesgo climático.

Fuente: Registro Oficial, Año II - Nº 404 - Tercer Suplemento, viernes 6 de noviembre de 2026, sección I (Función Ejecutiva, Decretos), pág. 5 (referencia oficial: Decreto Ejecutivo 529).