Aragón declara la utilidad pública de la fotovoltaica Collarada en Samper de Calanda

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ha declarado en concreto la utilidad pública de la planta fotovoltaica Collarada y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Samper de Calanda (Teruel). La decisión se formaliza en la Orden ECE/1640/2026, de 29 de octubre, que publica el Boletín Oficial de Aragón número 219, de 12 de noviembre de 2026 (csv BOA20261112021). La declaración es el paso previo que habilita la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios y la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

La norma lleva la firma de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle Maestro, fechada en Zaragoza el 29 de octubre de 2026, y se apoya en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación a los efectos expropiatorios. El artículo 56 de esa misma ley precisa que la declaración implica “la urgente ocupación” a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. La competencia para resolver corresponde a la consejera según el artículo 23 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, previa tramitación del Servicio Provincial de Teruel.

Un proyecto autorizado desde diciembre de 2024

El expediente acumula tres referencias: G-T-2021-012, IP-PC-0010/2022 y DUP-T-2026-0001. La instalación ya contaba con autorización administrativa previa y de construcción, otorgada por resolución de 12 de noviembre de 2024 de la Dirección General de Energía y Minas, entonces dependiente del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 242, de 16 de diciembre de 2024.

La mercantil Cobra Instalaciones y Servicios, SA solicitó la declaración de utilidad pública el 11 de febrero de 2026 y aportó los días 1 y 11 de junio de 2026 declaración responsable de acuerdos y documentación complementaria para completar la tramitación.

Sin alegaciones y con informe favorable

La solicitud se sometió a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 137, de 17 de julio de 2026, en el Diario de Teruel del 5 de agosto de 2026, en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado y en la web del Gobierno de Aragón, donde se colgó la memoria y el anejo de afecciones. Además, se notificó a la promotora, se dio traslado a las administraciones y organismos competentes y se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 250, de 8 de octubre de 2026, la notificación a los afectados según la relación de bienes y derechos afectados.

El trámite no registró alegaciones dentro de plazo. El Ayuntamiento de Samper de Calanda no emitió informe, por lo que se entiende que no existe objeción conforme al artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. El Servicio Provincial de Teruel sí informó el 23 de octubre de 2026 de forma favorable al reconocimiento de la utilidad pública y fijó la relación de bienes considerados de necesaria expropiación.

La finca 40 del polígono 506

El anexo I de la orden detalla las afecciones, entre ellas la finca número 40 del término municipal:

• Referencia catastral: polígono 506, parcela 180.
• Cultivo: labor o labradío secano.
• Titular: en investigación.
• Afección de línea subterránea: 99,93 metros lineales.
• Superficie de paso para vigilancia y conservación: 300,86 metros cuadrados.
• Ocupación temporal: 300,86 metros cuadrados.

La orden aclara que los bienes incluidos son los que no han recibido alegaciones, cuyas alegaciones no fueron estimadas o sobre los que no existen acuerdos con sus titulares.

Un mes para el recurso de reposición

La resolución pone fin a la vía administrativa, según el artículo 60 de la Ley 5/2021, de 29 de junio. Contra ella cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses. Ambos recursos no pueden simultanearse.

La publicación cierra un procedimiento iniciado hace casi dos años y convierte el proyecto en una instalación con cobertura expropiatoria plena en una comarca, la del Bajo Martín, donde la implantación fotovoltaica ha concentrado el debate sobre el uso del suelo agrícola. Para los propietarios de las parcelas afectadas, la orden fija desde ahora el marco legal de la ocupación y abre la puerta a los expedientes de justiprecio.

Fuente: Boletín Oficial de Aragón, número 219, de 12 de noviembre de 2026, sección III (Otras Disposiciones y Acuerdos) (referencia oficial: BOA20261112021).