Agricultura deroga las áreas de protección alimentaria de Santander y del Tolima

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) declaradas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí (Santander) y en ocho municipios del norte del Tolima. La medida consta en las Resoluciones 000415 de 2026 y 000416 de 2026, ambas del 11 de noviembre, firmadas por el ministro Indalecio Dangond Baquero y publicadas en el Diario Oficial 53.687 de esa misma fecha.

Las APPA son determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2, figura creada por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Su declaratoria corresponde al Ministerio y condiciona los planes de ordenamiento territorial, la reglamentación de los usos del suelo rural y la expedición de licencias urbanísticas. Los actos derogados son la Resolución 000187 del 2 de julio de 2026, en Santander, y las Resoluciones 000044, 000045 y 000052 de 2026, en el Tolima.

Santander: 84.662 hectáreas sin determinante

La Resolución 000415 de 2026 deroga la declaratoria que cubría los dos municipios de la provincia de Yariguíes, en el Magdalena Medio santandereano, con 84.662,61 hectáreas, equivalentes al 41,56 % del territorio conjunto. El área representaba el 44,31 % del municipio de San Vicente de Chucurí y el 38,23 % del de El Carmen de Chucurí, y se había sustentado en un documento técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

El acto advierte que la zona no queda desprotegida: siguen vigentes las determinantes ambientales de nivel 1 adoptadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), los Distritos Regionales de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes y del Humedal San Silvestre, los planes de ordenación de las cuencas de los ríos Opón y Sogamoso, la Reserva Forestal del río Magdalena de la Ley 2ª de 1959 y el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes.

Norte del Tolima: ocho municipios y 48.494 hectáreas

La Resolución 000416 de 2026 retira del ordenamiento tres declaratorias que sumaban 48.494,47 hectáreas en el corredor agropecuario de la cordillera Central:

• Fresno, Herveo y Murillo, con 12.382,14 hectáreas (Resolución 000044 de 2026).
• Palocabildo, Casabianca, Líbano y Villahermosa, con 24.409,26 hectáreas (Resolución 000045 de 2026).
• Falan, con 11.703,07 hectáreas (Resolución 000052 de 2026).

La superficie equivalía al 79,73 % del área municipal de Palocabildo y al 64,48 % de la de Falan. Según el acto, la revisión no halló intersección con las ciento dos áreas protegidas inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas examinadas ni contratos de hidrocarburos concurrentes.

Las fallas técnicas que motivaron la derogatoria

Ambas resoluciones se apoyan en el documento técnico de revisión de la UPRA, versión 1 del 5 de octubre de 2026, que examinó diecisiete y dieciocho asuntos técnicos, respectivamente. Entre los hallazgos figuran:

• El área de partida era la frontera agrícola, calificada de “preliminar” por el propio anexo metodológico.
• La regla de expansión de polígonos no declaró la distancia empleada, por lo que el modelo no es reproducible por terceros.
• En Santander, el 75,75 % del ámbito (64.133,64 hectáreas) concurre con áreas protegidas y el 54,42 % (46.070,70 hectáreas) con áreas licenciadas de hidrocarburos, concurrencias no analizadas.
• En Tolima, las clases agrológicas I, II y III suman apenas 1.203,76 hectáreas, el 2,48 % del área declarada.
• La evaluación de aptitud productiva reportó una sola categoría, la alta A1, sin discriminar suelos estratégicos.

Efectos y trámite pendiente

La derogatoria rige desde la publicación en el Diario Oficial, de modo que las áreas dejan de producir efectos como APPA y como determinante de nivel 2. El artículo 4 de cada resolución ordena a la UPRA y a las dependencias del Ministerio actualizar, en un plazo de diez días hábiles, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), los visores geográficos y las capas cartográficas, y advierte que toda capa que aún muestre el área derogada deberá señalar que carece de vigencia jurídica.

Los actos precisan que no modifican los instrumentos de ordenamiento ni los actos territoriales válidamente adoptados durante la vigencia de las resoluciones derogadas, y que no se pronuncian sobre su validez originaria, materia reservada a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. También ordenan comunicar la decisión a alcaldes, concejos municipales, gobernaciones, la CAS, Cortolima, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Interior.

Las resoluciones mencionan dos escenarios judiciales abiertos: el expediente D-16118 ante la Corte Constitucional, sobre el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y la acción popular 25000-23-41-000-2026-01249-00 que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio y la UPRA por las zonas y áreas de protección alimentaria.

El impacto es doble. En lo jurídico, desaparece una determinante de nivel 2 que condicionaba los POT y la expedición de licencias en más de 133.000 hectáreas, con lo que se restablece la plena operatividad de las competencias municipales sobre el uso del suelo. En lo productivo, reabre el debate sobre palma de aceite, minería e hidrocarburos en ambos territorios: en Santander la palma es el segundo cultivo por área sembrada, con 7.121 hectáreas, y en el Tolima la revisión dejó sin verificar el criterio de coexistencia minera sobre 6.733,93 hectáreas en Falan.

Fuente: Diario Oficial, 53.687 del 11 de noviembre de 2026, pág. 12 (referencia oficial: Resolución número 000415 de 2026 y Resolución número 000416 de 2026).