El tribunal supremo censura partes de la ley de orden público francesa, mantiene la incautación de explosivos

El Conseil constitutionnel ha censurado parcialmente la ley “destinada a ofrecer respuestas inmediatas a los fenómenos que perturban el orden público, la seguridad y la tranquilidad de nuestros conciudadanos”, en la decisión n° 2026-915 DC del 14 de agosto de 2026, publicada en el Journal officiel de la République française (JORF n°0192) del 19 de agosto de 2026. El fallo, dictado en la sesión del Consejo del 12 de agosto de 2026 bajo la presidencia de Richard FERRAND, declaró varias disposiciones contrarias a la Constitución, al tiempo que confirmó la constitucionalidad del mecanismo central de la ley para la desposesión forzosa de explosivos, artículos pirotécnicos y precursores de explosivos.

La ley n° 2026-798 del 18 de agosto de 2026 (NOR INTD2604047L) fue remitida al Consejo el 24 de julio de 2026 por dos grupos de diputados, entre ellos Boris VALLAUD y Mathilde PANOT. Esta ley refuerza los poderes de la policía administrativa y las sanciones penales en los ámbitos de los explosivos, la pirotecnia y los precursores, las concentraciones musicales ilegales, la seguridad vial y los estupefacientes. El Consejo examinó el texto a la luz de la Constitución y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como de las normas de la UE sobre precursores de explosivos (Reglamento (UE) 2019/1148) y artículos pirotécnicos (Directiva 2013/29/UE).

El mecanismo de desposesión ratificado

El Consejo confirmó el nuevo capítulo de “Dessaisissement” (desposesión) insertado en el code de la défense (artículos L. 2352-3 a L. 2352-5). Bajo este procedimiento, el representante del Estado en el departamento —o, en París, el préfet de police— puede, mediante una decisión motivada, ordenar a una persona que se desposea de explosivos, artículos pirotécnicos o precursores de explosivos cuyo uso pueda causar trastornos graves e inminentes al orden público o la seguridad.

• La desposesión toma la forma de una venta a una persona jurídica cualificada, o la entrega a un organismo capaz de destruir los bienes.
• La decisión establece un plazo adaptado a las circunstancias; excepto en casos urgentes, se dará primero al poseedor la oportunidad de presentar observaciones.
• En caso de incumplimiento, el prefecto puede ordenar la entrega al servicio competente bajo el control de un oficial de policía judicial, y puede solicitar autorización al juge des libertés et de la détention para incautar los bienes en cualquier lugar privado, incluido un domicilio, entre las 6 a.m. y las 9 p.m.
• El incumplimiento de las condiciones de desposesión se castiga con seis meses de prisión y una multa de 3.750 €; la falta de entrega de los bienes conlleva un año de prisión y una multa de 7.500 €.

El Consejo sostuvo que esta entrega o incautación no constituye una privación de la propiedad en el sentido del Artículo 17 de la Declaración de 1789, y que las garantías de procedimiento y el control judicial hacen que la interferencia con los derechos de propiedad sea proporcionada.

Disposiciones anuladas

Por el contrario, el Consejo declaró contraria a la Constitución el primer párrafo del artículo 1 de la ley, que permitía el cierre administrativo de establecimientos que vendieran explosivos, artículos pirotécnicos o precursores. Determinó que se podía ordenar un cierre de hasta un año, que implicaba la pérdida de las autorizaciones, sin ninguna condición respecto a la gravedad o repetición del incumplimiento o un vínculo directo con el disturbio evitado, y sin un recurso judicial efectivo —un ataque a la libertad de empresa que resultaba manifiestamente desproporcionado.

El Consejo también censuró la aplicación del procedimiento de multa fija a los delitos del artículo L. 557-60-1 del code de l’environnement, cuyos elementos no pueden establecerse fácilmente, en violación de la igualdad ante la justicia. Varios otros artículos (10, 18, 26, 41 y 65) fueron anulados por ser “cláusulas intrusas” (legislative riders) adoptadas sin ningún vínculo con el proyecto de ley original.

Impacto

La decisión deja plenamente vigente la herramienta emblemática de la ley —la eliminación forzosa de explosivos y precursores para prevenir disturbios al orden público—, mientras que limita los poderes administrativos más intrusivos. Para los ciudadanos y empresas que manejan dichos productos, el fallo confirma que las órdenes de eliminación deben respetar las garantías procesales y la supervisión judicial, y que los cierres administrativos de locales comerciales no pueden imponerse sin salvaguardias proporcionadas.

Fuente: Journal officiel de la République française, n°0192 del 19 de agosto de 2026, p. — (referencia oficial: decisión n° 2026-915 DC del 14 de agosto de 2026, NOR CSCL2622260S; ley n° 2026-798 del 18 de agosto de 2026, NOR INTD2604047L).