El State Justice Institute abre las subvenciones del año fiscal 2027 para tribunales estatales y locales

El State Justice Institute publicó el 21 de octubre de 2026 su guía de subvenciones para el año fiscal 2027, abriendo la financiación a tribunales estatales y locales, organizaciones nacionales sin fines de lucro y organismos de educación judicial. El aviso establece los topes de adjudicación, los requisitos de contrapartida y los plazos trimestrales de solicitud que regirán los concursos del año. Aparece en el Federal Register (Vol. 91, No. 202, Notices, p. 66599) como FR Doc. 2026–21505, con fecha declarada del 19 de octubre de 2026.

La guía implementa la Ley del State Justice Institute de 1984 (42 U.S.C. 10701 et seq.), que creó el SJI como una corporación privada sin fines de lucro constituida en Virginia para mejorar la administración de justicia en los tribunales estatales. La agencia está supervisada por una junta directiva nombrada por el Presidente con el asesoramiento y consentimiento del Senado, compuesta por seis jueces, un administrador de tribunales estatales y cuatro miembros del público, de los cuales no más de dos pueden pertenecer al mismo partido político. La junta, presidida por el Hon. John Minton, juez presidente jubilado de la Corte Suprema de Kentucky, otorga adjudicaciones trimestralmente alineadas con el año fiscal federal; Jonathan D. Mattiello es el director ejecutivo.

Cinco tipos de subvenciones con topes fijos

La guía establece cinco instrumentos, cada uno con su propio tope y regla de contrapartida:

• Subvenciones para proyectos: hasta $300,000 por 36 meses para solicitantes de tribunales estatales y organizaciones nacionales sin fines de lucro; los solicitantes de tribunales locales pueden solicitar hasta $200,000 por 24 meses. Se requiere una contrapartida en efectivo al menos igual a la adjudicación, por lo que un proyecto de $300,000 necesita $300,000 en efectivo.
• Subvenciones de Asistencia Técnica (TA): no pueden exceder los $75,000 o los 12 meses, con una contrapartida total de al menos el 50 por ciento, de la cual el 20 por ciento debe ser en efectivo.
• Subvenciones de Adaptación Curricular y Capacitación (CAT): no pueden exceder los $40,000 o los 12 meses, bajo la misma regla de contrapartida del 50 por ciento.
• Subvenciones para Iniciativas Estratégicas (SIG): gestionadas a discreción de la junta y el personal, y requieren un documento conceptual aprobado antes de una solicitud completa; los tribunales estatales y locales y las unidades gubernamentales no judiciales deben proporcionar una contrapartida en efectivo dólar por dólar, mientras que las entidades no judiciales y no gubernamentales están exentas.
• Programa de Apoyo a la Educación (ESP): cubre la matrícula de hasta $1,000 por curso, administrado por el National Judicial College y el National Center for State Courts a través de su Instituto para la Gestión de Tribunales.

Plazos y reglas de presentación

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento, pero solo se consideran según el calendario del trimestre fiscal: 1 de noviembre, 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de agosto. Todas las presentaciones deben realizarse a través del Sistema de Gestión de Subvenciones del SJI en gms.sji.gov, y se insta a los solicitantes a presentar sus solicitudes al menos 72 horas antes de la fecha límite para corregir formularios faltantes o incompletos. Los archivos individuales no pueden exceder los 5 MB.

Los solicitantes de tribunales estatales y locales deben adjuntar un Certificado de Aprobación Estatal firmado por el presidente del tribunal supremo del estado o el administrador del tribunal estatal, y la narrativa del programa está limitada a 25 páginas a doble espacio. Los beneficiarios deben presentar informes trimestrales de progreso y financieros dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre —a más tardar el 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre— y los informes finales dentro de los 90 días posteriores al final del período de la subvención.

Quiénes pueden solicitar y qué se prioriza

Los beneficiarios elegibles incluyen tribunales estatales y locales y sus agencias, organizaciones nacionales sin fines de lucro que sirven a las ramas judiciales estatales, organizaciones nacionales sin fines de lucro para la educación y capacitación de jueces y personal judicial y, cuando los objetivos se cumplan mejor, organizaciones sin fines de lucro con experiencia en administración judicial, instituciones de educación superior, personas físicas, asociaciones, firmas y corporaciones, siempre que las organizaciones con fines de lucro renuncien a sus honorarios. El SJI tiene prohibido otorgar subvenciones a tribunales federales, tribales e internacionales.

La junta ha establecido cinco Áreas de Inversión Prioritarias aplicables a todos los tipos de subvenciones: opioides y otras drogas peligrosas y respuestas de salud conductual; promoción del acceso a la justicia y la equidad procesal; protección de víctimas, poblaciones subatendidas y poblaciones vulnerables; avance de la reforma de la justicia; y transformación de los tribunales, incluyendo la seguridad del tribunal y pública, tecnología, ciberseguridad, respuesta a emergencias y desarrollo de la fuerza laboral. Los fondos no podrán suplantar dinero estatal o local, construir instalaciones judiciales, servir únicamente para comprar equipo, ni pagar comidas, baratijas, cabildeo o apoyo en litigios.

La directriz es importante porque es el manual operativo de un programa nacional que canaliza dinero federal hacia la modernización de los tribunales en un momento en que la seguridad de los juzgados, los litigantes representados por sí mismos y el acceso rural son preocupaciones urgentes. Para los administradores judiciales y los organismos de capacitación sin fines de lucro, el calendario ya está fijado: la primera ventana cierra el 1 de noviembre de 2026.

Fuente: Federal Register, Vol. 91, No. 202, 21 de octubre de 2026, Avisos, p. 66599 (referencia oficial: FR Doc. 2026–21505).