Corea del Sur promulga la Ley Marco para unificar la política de Economía de Solidaridad Social

La República de Corea ha promulgado la Ley Marco de la Economía de la Solidaridad Social (Ley n.º 21921), una nueva ley básica que, por primera vez, otorga una definición legal única y una arquitectura de apoyo a la economía de la solidaridad social del país. La ley fue promulgada por el presidente Lee Jae-myung el 15 de septiembre de 2026 y publicada en el Gwanbo (Boletín Oficial de la República de Corea), número 21322, refrendada por la primera ministra Han Seong-suk y el ministro del Interior y Seguridad Yoon Ho-jung.

La Ley tiene como objetivo sentar una base legal común para la definición y el alcance de la economía de la solidaridad social, de modo que las políticas de desarrollo se lleven a cabo de manera integrada y eficiente, fomentando un ecosistema sostenible y contribuyendo a la cohesión social y a la calidad de vida. Entrará en vigor seis meses después de su promulgación, mientras que las disposiciones sobre divulgación y plataformas (artículos 26 y 27) entrarán en vigor tres años después de la promulgación.

Alcance y definiciones

La ley define la economía de la solidaridad social como toda actividad económica llevada a cabo sobre la base de la cooperación mutua y la solidaridad para alcanzar el interés común de los miembros de la comunidad y el valor social. A continuación, enumera las organizaciones cubiertas, reuniendo entidades que anteriormente estaban reguladas bajo estatutos separados.

• Empresas de economía de la solidaridad social, incluidas las empresas sociales bajo la Ley de Promoción de Empresas Sociales, las cooperativas y cooperativas sociales bajo la Ley Marco de Cooperativas, las empresas villagers, las empresas de autosuficiencia, las empresas de emprendimiento social y las cooperativas agrícolas, pesqueras, forestales y de crédito.
• Organizaciones de apoyo intermedias que vinculan a los organismos públicos con las organizaciones de economía solidaria.
• Organizaciones federativas formadas voluntariamente por organizaciones de economía solidaria.
• Instituciones intermediarias de finanzas de solidaridad social y otros organismos designados por decreto presidencial.

La Ley establece principios básicos que exigen que estas organizaciones persigan el interés común y el valor social, operen de manera autónoma e independiente del Estado, mantengan una gobernanza democrática, transparente y abierta, y contribuyan a la recuperación de la comunidad local y a la economía circular.

Gobernanza y planificación

La ley crea un sistema de planificación y gobernanza por niveles. El Ministro del Interior y Seguridad debe elaborar un plan básico nacional quinquenal, tras consultar a las agencias administrativas centrales y recoger las opiniones de los gobiernos locales, e informarlo a la Asamblea Nacional. Los gobiernos provinciales y metropolitanos deben preparar sus propios planes quinquenales y planes de implementación anuales.

• Se establece un Comité de Desarrollo de la Economía de Solidaridad Social bajo la Presidencia para deliberar y coordinar las políticas principales, compuesto por hasta 40 miembros y con una duración de cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley.
• Se crean comités de desarrollo regional a nivel provincial y municipal.
• Se puede designar un Centro de Políticas de Economía de Solidaridad Social para llevar a cabo investigaciones y el desarrollo de políticas, y cada provincia debe operar un centro de apoyo regional.
• El Ministro debe realizar una encuesta del sector cada cinco años y publicar los resultados.

Financiación y apoyo al mercado

Un capítulo dedicado a las finanzas de solidaridad social faculta al Ministro para designar instituciones intermediarias que canalicen inversiones, préstamos y garantías a las organizaciones de economía solidaria, así como para designar una agencia especializada para fomentarlas. La ley también introduce fondos regionales establecidos mediante ordenanza local y fondos privados gestionados por las propias organizaciones.

En cuanto al mercado, la Ley obliga a las instituciones públicas a promover la compra prioritaria de productos y servicios producidos por empresas de economía de solidaridad social, exigiendo una proporción objetivo de compra establecida por decreto presidencial dentro de sus planes de adquisición. Los organismos públicos también deben dar prioridad a estas empresas al consignar servicios públicos, y el Estado y los gobiernos locales pueden apoyar los costes de terrenos e instalaciones, incluyendo la reducción de tasas por el uso de propiedades estatales y públicas.

Transparencia e impacto

Para fortalecer la rendición de cuentas, las organizaciones que superen un determinado tamaño deben divulgar sus estatutos, estados financieros, resultados comerciales e información ejecutiva al menos una vez al año. El Ministro puede construir y operar una plataforma electrónica integrada para estandarizar y publicar esta información. La ley también permite la designación de un Día de la Economía de Solidaridad Social y una semana conmemorativa, y prevé premios para personas con méritos destacados.

Para los lectores, la Ley es relevante porque consolida un panorama político fragmentado en un régimen coherente, otorgando a las empresas sociales, cooperativas y empresas villagers una identidad legal más clara, canales de financiación estables y acceso garantizado a la contratación pública; un paso significativo para las organizaciones y comunidades que conforman la economía social de Corea.

Fuente: Gwanbo (Boletín Oficial de la República de Corea), No. 21322, 15 de septiembre de 2026, Sección I (referencia oficial: 법률 제21921호).