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Registro Oficial del Ecuador · 09 Nov 2026 · 19 vistas

Regulan tarjetas de pago y agregadores: capital mínimo, riesgo y ciberseguridad

Por FactBox Admin

Regulan tarjetas de pago y agregadores: capital mínimo, riesgo y ciberseguridad

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria expidió la resolución JPRFM-2026-048-T, que reforma la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros e incorpora una norma única para la operación de tarjetas de pago en el Ecuador. La decisión se adoptó en la sesión ordinaria Nro. 023-2026 del 6 de noviembre de 2026 y se publicó en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 405 del lunes 9 de noviembre de 2026. El nuevo marco alcanza a emisores, adquirentes financieros y no financieros, establecimientos afiliados y agregadores de pago.

La resolución derogó el Capítulo III del Título II del Libro I de la Codificación, que regulaba las tarjetas de crédito, débito y de pago emitidas por entidades bajo control de la Superintendencia de Bancos, y la Sección X del Capítulo XXXVI referida al Sector Financiero Popular y Solidario. En su lugar incorporó el Título V “Norma que regula la operación de tarjetas de pago en el Ecuador”, con seis capítulos y 61 artículos que cubren emisión, adquirencia, aceptación, procesamiento, compensación y liquidación. El Banco Central del Ecuador asume el control, registro, vigilancia y supervisión operativa y tecnológica del sistema.

La norma se sustentó en el Informe Técnico Nro. BCE-GSIMP-2026-047, de 29 de octubre de 2026, y el Informe Jurídico Nro. BCE-GJ-020-2026, remitidos mediante el Memorando Nro. BCE-BCE-2026-0515-M. El instrumento lo suscribió el presidente de la Junta, Gustavo Estuardo Camacho Dávila, y lo certificó la secretaria técnica, Ninoska Geovanna Ceballos Pin. En el mismo boletín consta la resolución JPRFM-2026-049-M, que conoció el informe trimestral de reservas de liquidez, encaje y coeficiente de liquidez doméstica del segundo trimestre de 2026.

Agregadores con capital mínimo y cuentas segregadas

El artículo 58 exige a las personas jurídicas no financieras que pidan autorización como agregadores de pago cumplir, además de los requisitos generales:

  • Constituirse como sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada en el Ecuador, con capital suscrito y pagado en dinero igual o superior a USD 250.000,00, íntegramente pagado al momento de la solicitud.
  • Mantener un capital no inferior al 2% del monto promedio mensual de operaciones procesadas y liquidadas en el último año fiscal, con un piso de USD 250.000,00.
  • Conservar los fondos destinados a la liquidación de operaciones a establecimientos afiliados en cuentas segregadas en entidades financieras autorizadas.

Para los adquirentes no financieros el artículo 8 eleva el capital suscrito y pagado a USD 500.000,00; desde el segundo año deberán acreditar al menos el 5% del promedio mensual de operaciones procesadas y liquidadas, con el mismo piso de USD 500.000,00. También se les exige objeto social y actividad económica registrada en el Servicio de Rentas Internas vinculados a pagos o transferencias, gobierno corporativo con directorio, certificación PCI DSS, un Manual Operativo de Adquirencia y licencia vigente de al menos una marca de tarjetas.

Riesgos, ciberseguridad y autenticación

El artículo 59 obliga a los agregadores a implementar un marco integral de gestión de riesgos proporcional a su volumen de operaciones, con cobertura explícita de riesgo operativo, liquidez, legal, fraude, ciberseguridad y sistémico. Los emisores, por su parte, deberán aplicar autenticación multifactor adaptativa en todas las transacciones, con al menos dos factores independientes: uno en la activación de la tarjeta y otro en su uso. El enrolamiento de tarjetas en aplicaciones y los pagos en línea sin vinculación previa también deberán autenticarse, sin costo para el titular.

Las notificaciones al tarjetahabiente deberán enviarse en tiempo real y de forma simultánea por al menos dos medios electrónicos independientes, con opción de bloqueo inmediato si no reconoce la operación. La atención al cliente deberá operar las 24 horas, los siete días. El emisor responderá por las transacciones posteriores al reporte de robo o pérdida y por fraudes informáticos derivados de fallas en sus sistemas.

Interoperabilidad y protección de comercios

Los adquirentes deberán procesar, transmitir y compensar órdenes de pago en un plazo no mayor a un día, y liquidar los recursos a los comercios afiliados en máximo cinco días término; en consumos diferidos, el plazo corre desde que la cuota se hace exigible. Los puntos de aceptación, terminales y canales electrónicos deberán admitir tarjetas de distintas marcas y emisores, y los agregadores, pasarelas y procesadores no podrán imponer restricciones técnicas injustificadas.

La norma prohíbe las cláusulas de exclusividad en los contratos con establecimientos afiliados y obliga a mantener, para pagos con tarjeta, el mismo precio y los mismos descuentos aplicables al contado. También se prohíbe forzar la migración individual o masiva de tarjetas, salvo actualizaciones tecnológicas de seguridad autorizadas.

Plazos de adecuación

  • Seis meses para que la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador ajusten su normativa.
  • Un año, desde la publicación, para que los agregadores de pago constituyan el capital suscrito y pagado de USD 250.000,00.
  • Las tarifas vigentes se mantienen hasta que la Junta resuelva lo correspondiente.
  • La resolución rige desde su expedición del 6 de noviembre de 2026, sin perjuicio de su publicación.

El impacto recae directamente sobre bancos, cooperativas, neobancos, fintech de adquirencia y agregación, y sobre los comercios que aceptan tarjetas: los nuevos pisos de capital y las exigencias de cuentas segregadas ordenan un segmento hasta ahora sin reglas propias, mientras la obligación de interoperabilidad y la prohibición de exclusividad apuntan a reducir las barreras de aceptación y a trasladar a los usuarios una oferta de pagos más abierta y competida.


Fuente: Registro Oficial, Quinto Suplemento Nº 405, 9 de noviembre de 2026, Sección I (Función Ejecutiva), pág. 2 (referencia oficial: JPRFM-2026-048-T).