Lleida declara la caducidad de 151 nichos de Sant Jordi no actualizados

El Ayuntamiento de Lleida ha declarado la caducidad y la consiguiente pérdida del derecho funerario de 151 nichos del cementerio municipal, con reversión de las sepulturas al consistorio, por la necesidad urgente de disponer de plazas para inhumaciones. La decisión se adoptó mediante un decreto de alcaldía del 14 de septiembre de 2026, firmado por el alcalde Fèlix Larrosa Piqué, y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida núm. 199, del 19 de octubre de 2026 (referencia BOP-2026_0_199_8620, edicto 8620, pág. 1-8). Los titulares afectados disponen de dos meses para regularizar su situación antes de que el Ayuntamiento ejecute la resolución.

Un decreto por urgencia de espacio

El decreto municipal fundamenta la medida en la “situación urgente de necesidad de disponer de nichos para inhumaciones”. El acuerdo afecta únicamente a los nichos no actualizados que figuran relacionados en el anexo de la resolución, todos ellos situados en el departamento de Sant Jordi del cementerio municipal.

La notificación se realiza mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, dado que se ignora el lugar de notificación de las personas interesadas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Los criterios de la relación de 151 sepulturas

El anexo identifica las sepulturas afectadas con el sector, el tipo de construcción funeraria, el número, la planta y el nombre del titular. Los criterios que han llevado a incluirlas son dos:

• La fecha de la última inhumación está incluida en el periodo 1954-1999.
• En el programa de gestión del cementerio no consta ni el número de documento identificativo ni la dirección del titular.

Todas las construcciones relacionadas son nichos del sector Sant Jordi, con números que van del 10 al 2616, y los titulares figuran identificados solo con nombre y apellidos. Esta identificación parcial se aplica de conformidad con la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, ya que no se dispone del DNI, NIE, pasaporte o documento equivalente de los concesionarios.

Dos meses para regularizar y riesgo de exhumación

El consistorio concedece un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación del anuncio para que las personas interesadas presenten los documentos y justificaciones que consideren oportunos, por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015. Si no se personan en las dependencias municipales para regularizar la situación y la resolución adquiere firmeza, el Ayuntamiento ejecutará el acuerdo mediante:

• La recuperación material del nicho.
• La exhumación del cadáver, si procede.
• La reinhumación inmediata de los restos en la fosa común.

Esta ejecución se realizará cumpliendo el Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, y el resto de normativa aplicable. El decreto pone fin a la vía administrativa y abre la puerta a un recurso potestativo de reposición ante el alcalde en el término de un mes, o bien a un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado contencioso administrativo de Lleida en el término de dos meses, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Impacto para las familias titulares

La medida afecta directamente a las familias que figuran como titulares de las 151 sepulturas y abre un término limitado para actualizar datos y acreditar la titularidad ante el servicio de salud pública municipal, con sede en la calle Cavallers, 10-12, entresuelo, de Lleida. Pasado este periodo sin regularización, la pérdida del derecho funerario es definitiva y los restos pueden acabar en la fosa común, de manera que cualquier familiar o sucesor que reconozca a un titular de la lista tiene dos meses para dirigirse al Ayuntamiento.

Fuente: Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 199, 19 d’octubre de 2026, Administració Local - Ajuntaments, pàg. 1-8 (referència oficial: BOP-2026_0_199_8620).