Álava insta a ampliar plazas ocupacionales para 156 personas con discapacidad

La Comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Álava aprobó el 22 de octubre de 2026 la Moción 75/2026, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava a presentar, antes de finalizar la legislatura, un plan de ampliación de plazas en centros ocupacionales y de día para personas con discapacidad de grado 2 y 3. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava núm. 126, de 2 de noviembre de 2026, en la sección I, con la referencia oficial 2026-03068.

La moción nace de las conclusiones aprobadas por unanimidad en la Ponencia sobre la situación actual de los Servicios Sociales que atienden a personas con discapacidad y su futuro, un foro interno de la Cámara alavesa que fijó la posición de todos los grupos sobre el modelo de atención. El texto firmado en Vitoria-Gasteiz el 22 de octubre de 2026 por la Presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra Ugarriza, concreta esa unanimidad en tres mandatos dirigidos al Ejecutivo foral, que deberá responder ante la propia Comisión de Políticas Sociales.

El dato que sostiene la iniciativa es la previsión de que 156 personas finalizarán su etapa educativa en los próximos cinco años en Álava, un colectivo que necesita plaza en recursos ocupacionales o de día al salir del sistema escolar. La moción fija ese horizonte quinquenal como referencia para dimensionar la oferta pública y evitar que la salida del colegio se convierta en un periodo sin atención.

Un plan con calendario, plazas y presupuesto

El primer punto de la moción concreta el contenido mínimo del plan que debe elaborar la Diputación Foral de Álava. El documento exige que el instrumento incluya tres elementos cerrados:

• Un calendario de implantación de las nuevas plazas.
• La cifra de plazas comprometidas para cada ejercicio.
• La dotación presupuestaria anual asociada a esa ampliación.

El diseño del plan no queda en manos exclusivas de la institución foral: el texto ordena que se elabore con la participación del sector y de las familias, y que se coordine con el segundo mapa de Servicios Sociales, la herramienta de planificación que ordena los recursos del territorio. La cobertura de las 156 personas previstas opera como objetivo explícito del plan.

Protocolo de transición desde el último curso

El segundo mandato aborda el momento crítico del proceso: el tránsito entre el sistema educativo y los servicios sociales. Las Juntas Generales reclaman un protocolo de transición activa para la valoración y asignación de plazas que se active desde el inicio del último curso escolar, y no al terminar la etapa educativa.

Ese protocolo debe establecerse en coordinación con el Gobierno Vasco, administración competente en materia educativa, según recoge el acuerdo publicado. El objetivo declarado es doble: evitar vacíos de atención en el paso de un sistema a otro y reducir la incertidumbre de las familias, que afrontan la salida del colegio sin garantía de plaza.

Informe anual ante la Comisión de Políticas Sociales

El tercer punto introduce un mecanismo de control político. La Diputación Foral de Álava deberá realizar un seguimiento anual del plan y emitir un informe público y accesible, que se presentará ante la Comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Álava para rendir cuentas de su cumplimiento.

Con este instrumento, la Cámara alavesa se reserva la capacidad de evaluar cada ejercicio si las plazas comprometidas se han creado y si la dotación presupuestaria anunciada se ha ejecutado, además de exigir que la información llegue en un formato comprensible para las familias y las entidades del tercer sector.

Impacto para las familias y el tercer sector

La moción traslada al plano institucional un problema que afecta directamente a las familias alavesas con hijos con discapacidad de grado 2 y 3: la ausencia de plaza garantizada en centros ocupacionales y de día al terminar la escolarización obligatoria. El mandato aprobado compromete a la Diputación Foral de Álava a planificar a cinco años vista, con presupuesto identificado y con verificación anual ante el Parlamento foral, y vincula la respuesta al sector y a las propias familias en el diseño del plan.

Fuente: Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, núm. 126, 2 de noviembre de 2026, sección I (Juntas Generales de Álava y Administración Foral del Territorio Histórico de Álava), pág. 1 (referencia oficial: 2026-03068).