Justicia adscribe los equipos psicosociales de los juzgados a Medicina Legal

La Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo ha adscrito funcionalmente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria (IMLC) los seis puestos de trabajo que integran el Equipo Psicosocial de los Juzgados y Tribunales de Cantabria. La decisión se formaliza mediante la resolución con referencia CVE-2026-7984, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 198, de 15 de octubre de 2026, y surte efectos desde la fecha de su publicación. El documento está firmado en Santander el 6 de octubre de 2026 por el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez Bereciartu.

Las quejas del Tribunal Superior de Justicia

El texto reconoce que la situación de los equipos psicosociales “ha sido objeto de numerosas quejas” por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, reflejadas de forma reiterada en sus memorias anuales. La resolución detalla los intentos previos del Gobierno de Cantabria por corregir el servicio:

• Creación en 2021 de la sección de Torrelavega del Equipo Psicosocial.
• Incremento del 50 % en el número de técnicos adscritos, que pasaron de cuatro a seis.
• Nombramientos de interinos por acumulación de tareas durante los dos últimos años.

Pese a estos esfuerzos, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa concluye que “los resultados obtenidos no han sido satisfactorios” y que el modelo organizativo vigente “no es el más adecuado”, al generar problemas de coordinación y de control del desempeño. La resolución subraya que estos profesionales carecían de una organización funcional jerárquica que organizara, coordinara, supervisara y controlara sus tareas, lo que llegó a dificultar la delimitación de competencias con la Unidad de Valoración Forense Integral.

Los puestos afectados y los que quedan fuera

La relación de puestos de trabajo de la Dirección General, que no se modifica, incluye ocho plazas de psicología y trabajo social. La adscripción funcional alcanza a seis de ellas:

• 9541 Técnico Superior - Psicólogo.
• 9544 Técnico Superior - Psicólogo.
• 10451 Técnico Superior - Psicólogo.
• 9549 Técnico de Grado Medio - Trabajador Social.
• 9550 Técnico de Grado Medio - Trabajador Social.
• 10453 Técnico de Grado Medio - Trabajador Social.

Estos seis puestos se reparten entre la sección de Santander (9541, 9544, 9549 y 9550) y la de Torrelavega (10451 y 10453). Quedan al margen los puestos 9543 y 9552, ya integrados en la Unidad de Valoración Forense Integral del IMLC, así como el Equipo Técnico de Menores con sede en Santander (puestos 9397, 9551 y 9553), que depende funcionalmente de la Fiscalía de Menores. También quedan adscritos los funcionarios interinos de los cuerpos de Psicología y Trabajo Social con nombramiento para prestar servicios en el Instituto.

Nuevo reparto de informes y plazo de dos meses

La resolución se apoya en el artículo 479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la LO 7/2015, de 21 de julio, que permite integrar en los Institutos de Medicina Legal el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia. Los técnicos mantendrán sus funciones de elaboración de informes periciales, pero la dirección del Instituto asumirá la organización de agendas, el control de los tiempos de emisión, la estadística y la memoria anual de actividad, además de las relaciones con órganos judiciales, fiscalía y puntos de encuentro familiar.

El nuevo procedimiento fija estas reglas:

• Las solicitudes de informes psicológicos o sociales se remitirán al IMLC a través del sistema VEREDA.
• La dirección del Instituto repartirá los asuntos entre los profesionales según el objeto de la pericia.
• El informe no deberá superar los dos meses desde la primera entrevista; toda ampliación deberá justificarse razonadamente.
• El Instituto remitirá una memoria anual a la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo.

La integración permitirá sumar los seis técnicos a los dos ya incluidos en la Unidad de Valoración Forense Integral, de modo que todos puedan afrontar conjuntamente las peticiones de los órganos judiciales. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa en el plazo de un mes, conforme a la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, y a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La medida afecta directamente a la atención de víctimas y familias en los procesos judiciales: los informes psicosociales son pieza clave en los procedimientos de familia, menores y violencia de género, y su retraso condiciona guardas, custodias y medidas de protección. Con la adscripción al IMLC, la Consejería busca un reparto más equitativo de las periciales, mayor celeridad en los reconocimientos y una supervisión efectiva de la calidad del servicio, aunque las medidas estructurales quedan aplazadas al medio plazo.

Fuente: Boletín Oficial de Cantabria, núm. 198, de 15 de octubre de 2026, Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, págs. 52776-52779 (referencia oficial: CVE-2026-7984).