El Parlamento Europeo pide una estrategia renovada de la UE para acabar con la pobreza.

El Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea a presentar una nueva estrategia de la UE, exhaustiva y adecuadamente financiada, para erradicar la pobreza a más tardar en 2035. La demanda figura en una resolución sobre el desarrollo de una nueva estrategia de la UE contra la pobreza (2025/2095(INI)), adoptada el 12 de febrero de 2026 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de agosto de 2026 (C/2026/3766). El texto ancla la política social de la UE en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y sus objetivos para 2030.

La resolución, basada en un informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A10-0260/2025), advierte de que la reducción de la pobreza se ha estancado: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE —el 21,0 % de la población— seguían en riesgo de pobreza o exclusión social, apenas por debajo del nivel de 2019, incluidos 20 millones de niños (uno de cada cuatro), mientras que 27 millones de personas sufrían privación material y social grave. Con arreglo al plan de acción del PEDR, la Unión se comprometió a sacar de la pobreza o la exclusión social al menos a 15 millones de personas, incluidos al menos 5 millones de niños, de aquí a 2030; el Parlamento señala que la tendencia apunta en la dirección opuesta en casi la mitad de los Estados miembros.

Una estrategia destinada a erradicar la pobreza

El Parlamento insiste en que la política contra la pobreza más sostenible es aquella que impide que esta surja, abordando las causas profundas en el empleo, la protección social, la vivienda, la energía, la educación y la salud. Los objetivos generales que pide a la Comisión que incluya son:

• el reconocimiento de la pobreza como una violación de la dignidad humana y un enfoque basado en los derechos, de conformidad con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
• el objetivo de erradicar la pobreza a más tardar en 2035, con indicadores intermedios, hitos y un marco de seguimiento;
• la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros, respetando el principio de subsidiariedad;
• un enfoque centrado en las personas y basado en el ciclo de vida que combine medidas universales y específicas, empezando por la infancia;
• la participación de personas con experiencia vivida de la pobreza en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas;
• un principio horizontal de no discriminación para abordar las desigualdades estructurales;
• recursos presupuestarios adecuados y sostenidos a través del MFP y mecanismos nacionales.

Los diputados también quieren que la violencia de género se trate como un factor clave de la pobreza e instan a Bulgaria, Chequia, Hungría, Lituania y Eslovaquia a completar la ratificación del Convenio de Estambul.

El trabajo digno y la pobreza infantil, elementos centrales

La pobreza laboral afecta al 8,2 % de las personas empleadas en la UE, y la proporción de niños en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó del 23,6 % en 2019 al 24,2 % en 2024. Por ello, el Parlamento insiste en que no debe haber pobreza laboral en la Unión y en que la estrategia debe situar la pobreza infantil en su centro, pidiendo la plena aplicación de la Garantía Infantil Europea con un presupuesto específico de al menos 20 000 millones EUR en el próximo MFP.

También exige una financiación adecuada y protegida para la política de cohesión y el FSE+, inversiones para una transición ecológica y digital socialmente justa en el MFP 2028-2034, y medidas que van desde comidas escolares gratuitas o asequibles y cuidados extraescolares hasta la desinstitucionalización de los menores acogidos.

Gobernanza, participación y medición

Para que la estrategia dé resultados, el Parlamento recomienda una conferencia anual sobre la aplicación con la participación directa de personas con experiencia vivida de la pobreza —«nada sobre nosotros sin nosotros»— y pide al Comité de Protección Social que renueve el indicador AROPE hacia una medida multidimensional de la pobreza. También pide un acceso más sencillo a los fondos de la UE a nivel local, manteniendo el tipo de cofinanciación del FSE+ para el apoyo a los más desfavorecidos en torno al 90 %.

La resolución establece el referente político para la próxima propuesta de la Comisión y para el próximo marco financiero plurianual, enmarcando la pobreza como un fenómeno estructural y multidimensional que ninguna política por sí sola puede resolver. Ofrece a los ciudadanos, las autoridades locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil un criterio para exigir responsabilidades a las instituciones de la UE a medida que se configura la legislación social para el resto de la década.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, C/2026/3766, 12 de agosto de 2026, comunicaciones, pág. 1-21 (referencia oficial: 2025/2095(INI) — P10_TA(2026)0049).