La UE establece las normas para los pagos nacionales de crisis vitivinícola a los productores

La Comisión Europea ha adoptado el Reglamento Delegado (UE) 2026/2093 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de septiembre de 2026, que establece las normas según las cuales los Estados miembros pueden conceder pagos nacionales para apoyar al sector vitivinícola en casos justificados de crisis de mercado. Firmado en Bruselas el 10 de julio de 2026 por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el reglamento abarca tres medidas de crisis: la destilación del vino, la poda en verde y el arrancado voluntario de viñedos productivos.

El acto complementa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (organización común de los mercados de los productos agrícolas), y sigue a la ampliación del artículo 216 de dicho reglamento mediante el Reglamento (UE) 2026/471 del 24 de febrero de 2026. Aquella reforma anterior amplió el ámbito de los pagos nacionales más allá de la destilación para cubrir también la poda en verde y el arrancado, facultando a la Comisión para definir las condiciones de elegibilidad, los criterios de prioridad, las situaciones de mercado que justifiquen las medidas y el método de cálculo de los pagos.

Criterios de crisis para la destilación y la poda en verde

Para la destilación y la poda en verde, un Estado miembro debe demostrar una o más de las siguientes circunstancias de mercado, a nivel nacional o regional y para las categorías y colores de vino elegibles:

• un aumento sustancial de las existencias de vino más recientes disponibles a nivel de producción en comparación con el promedio de los cinco años comerciales anteriores;
• una disminución sustancial del precio medio de mercado del vino a nivel de producción durante los últimos seis meses en comparación con el promedio de cinco años;
• una disminución sustancial de las ventas acumuladas de vino en el mercado para el año comercial en curso en comparación con el promedio de cinco años, siempre que la caída no sea resultado de una menor producción.

Los beneficiarios elegibles para la poda en verde son los viticultores cuyas explotaciones incluyan únicamente superficies de viñedo plantadas con una autorización de plantación. Para la destilación, los beneficiarios pueden ser personas físicas o jurídicas que produzcan o comercialicen vino, organizaciones de productores, asociaciones de productores o destiladores de productos de la vid; cuando el beneficiario no sea un productor de vino, el Estado miembro debe garantizar que el beneficio económico se repercuta a los productores de vino.

Topes de pago y arrancado

El pago nacional máximo por hectárea para la poda en verde no podrá exceder el coste directo de la eliminación de los racimos de uva inmaduros, más una compensación de no más del 50% del valor medio de las uvas producidas en la misma zona durante los tres años comerciales anteriores, más un incentivo de no más del 20% de esas dos cantidades. Para la destilación, el tope por hectolitro es el coste de la operación más una compensación de no más del 50% del precio medio de mercado durante los últimos seis meses, más un incentivo del 20%.

Para el arranque permanente de viñedos productivos, debe demostrarse un desequilibrio estructural del mercado, por ejemplo, un aumento sustancial de las existencias finales de vino estimadas durante los cinco años comerciales anteriores en comparación con la media de diez años, o una producción persistentemente superior a las ventas. El pago por hectárea no podrá exceder el coste directo del arranque más una compensación de hasta el 100 % de la pérdida de ingresos de un año. Solo serán elegibles los viñedos cosechados al menos una vez en el año comercial en curso y en los dos anteriores, y las parcelas arrancadas deben haber estado inscritas en el registro de viñedos durante al menos diez años comerciales.

Coherencia con la PAC y notificaciones

Para evitar que el apoyo a la crisis se convierta en una vía de salida permanente del mercado, los Estados miembros que ya hayan utilizado pagos por destilación o por poda en verde durante tres o más de los cinco años comerciales anteriores deberán, para obtener la aprobación de un año adicional, recurrir también a los pagos por arranque o incluir la intervención de arranque permanente en sus Planes Estratégicos de la PAC. Las solicitudes de aprobación deberán detallar el ámbito geográfico, las categorías y colores del vino, la duración, el presupuesto y los volúmenes previstos, y las medidas aprobadas deberán notificarse a la Comisión antes del 30 de septiembre de cada año.

El reglamento entró en vigor el día siguiente a su publicación, permitiendo a los Estados miembros implementar las medidas durante el próximo año comercial. Para un sector vinícola que se enfrenta a una elevada incertidumbre internacional y a un exceso de oferta estructural, el nuevo marco proporciona a las autoridades nacionales una herramienta clara y armonizada para canalizar el apoyo a la crisis hacia los productores, manteniendo los pagos proporcionados y coherentes con la Política Agrícola Común en su conjunto.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 16.9.2026, p. 1 (referencia oficial: Reglamento Delegado (UE) 2026/2093 de la Comisión, CELEX 32026R2093).