El Tribunal de la UE se Pronuncia sobre la Detención de Migrantes Pendiente de una Expulsión No Determinada

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reunido en su Sala Cuarta, dictó sentencia el 25 de junio de 2026 en un asunto prejudicial de urgencia planteado por un tribunal neerlandés, aclarando las obligaciones legales de los Estados miembros cuando detienen a migrantes con fines de expulsión cuando el país de destino aún no ha sido identificado. La sentencia fue publicada el 17 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Unión Europea, Serie C, referencia C/2026/4281.

El asunto, registrado como C-182/26 PPU, fue remitido por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Países Bajos) y afectaba a un demandante identificado con el seudónimo DL contra el Minister van Asiel en Migratie (Ministro neerlandés de Asilo y Migración). La controversia se centraba en la interpretación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que establece normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.

La Cuestión de un Tribunal Neerlandés sobre la No Devolución

El tribunal remitente preguntó al TJUE cómo evaluar la legalidad de la detención en virtud del artículo 15 de la Directiva 2008/115/CE cuando la decisión de retorno especifica varios países de destino posibles porque el nacional de un tercer país no ha cooperado para determinar a dónde debe ser enviado. En concreto, el tribunal neerlandés quería saber si estaba obligado a verificar el cumplimiento del principio de no devolución —consagrado en el artículo 5 de la Directiva y en el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea— incluso si la autoridad competente no había realizado esa evaluación antes de ordenar la detención.

El asunto surgió en el contexto de la práctica neerlandesa de ejecución de la política migratoria, donde las autoridades emiten con frecuencia decisiones de retorno que enumeran múltiples países de destino posibles cuando un individuo se niega a proporcionar información sobre su nacionalidad o identidad. En virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE, las decisiones de retorno deben especificar un país de destino, pero la cooperación del migrante es necesaria para determinarlo.

El Fallo del Tribunal: No se Requiere una Revisión Retrospectiva, Pero Sí una Obligación Continua

En su parte dispositiva, el TJUE formuló dos pronunciamientos clave. En primer lugar, el Tribunal sostuvo que un tribunal nacional que revisa la legalidad de la detención no está obligado a examinar si el principio de no devolución fue tenido en cuenta en el momento en que se adoptó la decisión de retorno —incluso si esa decisión aún no ha sido objeto de control judicial.

En segundo lugar, y de manera más significativa para la protección de los derechos fundamentales, el Tribunal dictaminó que el tribunal nacional está obligado a examinar, de oficio si fuera necesario, la legalidad de la detención a la luz del principio de no devolución. Esta obligación se aplica incluso cuando:

• La decisión de retorno especifica varios países de destino potenciales debido a la falta de cooperación del migrante;
• La autoridad competente no llevó a cabo dicho examen antes de que comenzara la detención.

El Tribunal aclaró que el principio de no devolución se considera cumplido cuando no impide la expulsión de la persona a al menos uno de los países de destino potenciales especificados en la decisión de retorno.

El Marco Jurídico en Cuestión

La sentencia interpreta varias disposiciones interconectadas del Derecho de la UE. La parte dispositiva de la resolución hace referencia a:

• Directiva 2008/115/CE, artículos 3(3), 5 y 15, que regulan respectivamente las decisiones de retorno, el principio de no devolución y la detención a efectos de expulsión;
• Artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad;
• Artículo 19(2) de la Carta, que prohíbe la expulsión a un Estado en el que exista un riesgo grave de pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes;
• Artículo 47 de la Carta, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.

El asunto se examinó mediante el procedimiento prejudicial de urgencia (PPU), lo que refleja el hecho de que el solicitante se encontraba detenido y el resultado tenía consecuencias directas para su libertad.

Implicaciones para la Política Migratoria de la UE

La sentencia tiene implicaciones significativas para la aplicación de la política de retorno de la UE en los 27 Estados miembros. Al confirmar que los tribunales nacionales deben evaluar de oficio la no devolución incluso cuando el país de destino es incierto, el TJUE establece una salvaguardia contra la detención indefinida de migrantes que no pueden ser devueltos porque se desconoce su país de origen.

Al mismo tiempo, al sostener que el cumplimiento de la no devolución se satisface si la expulsión a al menos uno de los países enumerados es legal, el Tribunal ofrece un estándar práctico que impide que los controles individuales de detención se vuelvan inmanejables cuando siguen existiendo múltiples destinos sobre la mesa. La sentencia equilibra así la aplicación efectiva de las decisiones de retorno con las protecciones de derechos fundamentales garantizadas por la Carta de la UE.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, C/2026/4281, 17.8.2026, p. 1 (referencia oficial: CELEX C_202604281, Asunto C-182/26 PPU).