España renueva su plan contra el tráfico ilegal de especies silvestres

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de junio de 2026, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la revisión del Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES). El acuerdo se publica en el Boletín Oficial del Estado de este martes mediante la Resolución de 16 de julio de 2026 de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (referencia oficial BOE-A-2026-17564).

La actualización incorpora las novedades del Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico ilegal de vida silvestre, revisado por la Comisión Europea en 2022 y con vigencia hasta 2027, y renueva las denominaciones de los departamentos responsables. España adoptó su plan nacional en 2018, como desarrollo del plan europeo de 2016, convirtiéndose en el primer país de la UE en aprobar una estrategia propia en la materia, y figura en los informes internacionales como un importante país de entrada y tránsito en las rutas de este tráfico por su posición geoestratégica y sus vínculos con Iberoamérica y África.

Tres prioridades para 2026

La revisión del Plan TIFIES conserva la estructura de objetivos del plan europeo adaptada al ámbito español y se ordena en torno a tres prioridades:

• Prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo y atacar sus causas de origen, implicando a administraciones públicas y sociedad civil, con campañas de sensibilización y medidas restrictivas para productos como el marfil, especímenes vivos o carnes exóticas.
• Fortalecer el marco jurídico y político y aplicar y hacer cumplir más eficazmente las normas existentes.
• Reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico y el furtivismo.

Refuerzo penal, aduanero y policial

El plan contempla medidas específicas para golpear a las redes organizadas, con implicaciones directas en el ámbito judicial y de fronteras:

• Impulsar que el tráfico ilegal organizado de vida silvestre se considere delito grave, sancionable con pena privativa de libertad de al menos cuatro años, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
• Formar especialistas contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia, con un objetivo específico sobre delitos en internet.
• Reforzar la cooperación aduanera, los perfiles de riesgo y los controles en frontera, con especial atención a especies como anguilas, marfil, cuernos de rinoceronte, reptiles y aves vivas.
• Intensificar la colaboración con Europol, Eurojust e Interpol, con participación en operaciones conjuntas y la designación de un oficial de la Guardia Civil como experto nacional en delitos medioambientales.
• Ampliar la red de centros de rescate para especímenes vivos decomisados y aumentar las repatriaciones a sus países de origen.

Coordinación interministerial y sociedad civil

La revisión ha sido elaborada con la consulta a los departamentos integrados en el grupo de trabajo interministerial del plan: Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ciencia, Innovación y Universidades; Hacienda; Interior; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y la Sección de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado. El texto destaca el papel de las entidades colaboradoras —ONG, academia y sector privado— y de proyectos europeos como Life Guardianes de la Naturaleza y Life SWIPE, así como las actuaciones de formación en países de origen, en las que participan la Red Jaguar iberoamericana y la Guardia Civil.

La revisión llega en un contexto de alerta: el plan subraya los vínculos de esta actividad con el blanqueo, el tráfico de drogas y de armas y la financiación de milicias. Se estima que los grupos terroristas que se benefician del tráfico ilegal obtienen entre 4 y 12,2 millones de dólares anuales solo del comercio de marfil en África Central, una amenaza para especies protegidas como el elefante, la seguridad de las personas y el desarrollo sostenible. Con esta actualización, el Gobierno aspira a optimizar los medios públicos, potenciar la coordinación entre ministerios y trasladar el plan a empresas, ONG y ciudadanía, cuya colaboración resulta imprescindible para frenar unas redes que operan en todo el mundo.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 196, martes 11 de agosto de 2026, Sec. III, pág. 113030 (referencia oficial: BOE-A-2026-17564).