El Tribunal Superior de Cantabria emplaza a interesados en el recurso de ASCEL

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tramita el procedimiento ordinario 287/2026, abierto a instancias de la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud de información que la entidad presentó el 1 de septiembre de 2025. El Boletín Oficial de Cantabria núm. 201, de 20 de octubre de 2026, publica el emplazamiento a los posibles interesados para que comparezcan y se personen como demandados en el plazo de nueve días (pág. 53871, referencia oficial CVE-2026-8110).

El anuncio lo emite la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, y está fechado en Santander el 13 de octubre de 2026. Lo suscribe el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Luis Serdio Cosío.

El texto oficial no detalla el contenido concreto de la información reclamada ni identifica el órgano al que se dirigió la petición: se limita a fijar el objeto del litigio —la ausencia de respuesta expresa a una solicitud registrada el 1 de septiembre de 2025— y a ordenar el llamamiento de terceros al procedimiento.

Un recurso contra el silencio administrativo

El litigio se dirige contra la desestimación presunta de una petición de información. Es decir, el recurso no combate una resolución expresa que deniegue los datos, sino la falta de contestación dentro del plazo legal, un supuesto que la legislación administrativa equipara a la denegación y que habilita al solicitante a acudir a la vía judicial.

El anuncio se apoya en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precepto que obliga a emplazar a quienes puedan tener interés legítimo en el asunto para que comparezcan ante el órgano judicial. La publicación en el boletín oficial sustituye así a la notificación individual cuando los afectados no están identificados de antemano.

El procedimiento queda registrado con el número 287/2026 y se sustancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Santander, el mismo órgano que revisa la actuación de la Administración autonómica cántabra.

Nueve días para personarse como demandado

El emplazamiento fija condiciones y consecuencias concretas para los interesados:

• Plazo: nueve días para comparecer y personarse ante la Sala.
• Forma: en legal forma, como demandados, conforme al artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Personación tardía: quien se persone fuera de plazo será tenido por parte, pero sin que ello retrotraiga ni interrumpa el curso del procedimiento.
• Sin personación: si no comparece oportunamente, el procedimiento continuará por sus trámites y no se le practicará notificación alguna.

El anuncio no cuantifica el número de interesados ni identifica a posibles codemandados, de modo que el llamamiento queda abierto a cuantos acrediten un interés legítimo en el resultado del pleito.

Publicación y alcance del anuncio

El emplazamiento se inserta bajo el epígrafe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, departamento del que depende la Dirección General de Montes y Biodiversidad, área competente en la gestión de la biodiversidad y, por tanto, en materias relacionadas con la fauna silvestre.

La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria cumple una doble función: garantiza la publicidad del procedimiento frente a terceros y fija el dies a quo del plazo de nueve días, que se cuenta desde la aparición del anuncio en el boletín.

El texto aparece firmado por el director general Ángel Luis Serdio Cosío y remite al expediente judicial 287/2026 como referencia única para cualquier comparecencia.

El pulso por la información pública

El caso enfrenta a una asociación conservacionista con la Administración autonómica en un terreno distinto al de la gestión de la especie: el del acceso a la información. La solicitud se presentó el 1 de septiembre de 2025 y, transcurrido el plazo legal sin respuesta expresa, la entidad optó por la vía contencioso-administrativa.

Para los lectores, el anuncio marca dos hitos prácticos: cualquier persona o entidad con interés legítimo dispone de nueve días desde la publicación para personarse como demandada, y el litigio convierte la transparencia autonómica en objeto de revisión judicial. El resultado del procedimiento 287/2026 determinará si la falta de contestación a una petición de información queda amparada o si, por el contrario, obliga a la Administración a responder y a entregar lo solicitado.

Fuente: Boletín Oficial de Cantabria, núm. 201, de 20 de octubre de 2026, pág. 53871 (referencia oficial: CVE-2026-8110).