El Gobierno reforma el potencial vitícola ante la crisis del vino

El Consejo de Ministros aprobó el 25 de agosto el Real Decreto 684/2026, de 26 de agosto, que modifica el Real Decreto 1338/2018, por el que se regula el potencial de producción vitícola. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 211 del jueves 27 de agosto de 2026 (sección I, página 116896, referencia BOE-A-2026-18205), entra en vigor el día siguiente a su publicación.

La reforma responde a la crisis que atraviesa el sector: el consumo de vino en la Unión Europea ha caído hasta su nivel más bajo en los últimos treinta años, mientras los mercados tradicionales de exportación se vuelven más inestables por la menor demanda y factores geopolíticos. A ello se suma la creciente imprevisibilidad de la producción por el cambio climático, lo que genera un exceso de oferta con bajada de precios y reduce los ingresos de los viticultores.

Un marco europeo renovado

La iniciativa se enmarca en el paquete legislativo del vino presentado por la Comisión Europea el 28 de marzo de 2025, que recoge las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel del Vino celebrado entre septiembre y diciembre de 2024. Estas medidas se concretaron en el Reglamento (UE) 2026/471, de 24 de febrero de 2026, que modifica la organización común de mercados y los planes estratégicos de la PAC.

El decreto, firmado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, se dicta al amparo de la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino y de la competencia exclusiva del Estado en materia de planificación económica.

Menos incentivos a plantar

La norma introduce cambios clave para frenar el crecimiento de la superficie vitícola y desincentivar plantaciones sin demanda asegurada:

• Se elimina la fecha de finalización del régimen de autorizaciones de plantación, que se aplica desde el 1 de enero de 2016 sin término predeterminado.
• Las limitaciones de expedición de autorizaciones ya no tienen por qué dar lugar a un crecimiento por encima del 0 %.
• Los beneficiarios de pagos por arranque no podrán solicitar autorizaciones de nuevas plantaciones durante las diez campañas siguientes al arranque.
• Quienes reciban ayuda por arranque no tendrán derecho a autorización de replantación de la superficie arrancada.
• Los titulares de autorizaciones válidas no utilizadas concedidas antes del 1 de enero de 2025 no serán sancionados por no ejecutarlas.

Flexibilidad ante catástrofes

Para hacer frente a la mayor frecuencia de catástrofes naturales y brotes de enfermedades vegetales, las comunidades autónomas podrán prorrogar hasta doce meses la validez de las autorizaciones de nuevas plantaciones en las zonas afectadas, y los viticultores podrán renunciar a ellas sin sanción. También se amplía el plazo de vigencia de las autorizaciones de replantación y se suprime la sección relativa a la conversión de derechos de plantación, cuyo período concluyó el 31 de diciembre de 2025.

La norma actualiza además el anexo XXI de variedades autorizadas de vid de vinificación y suprime las reglas excepcionales introducidas durante la epidemia de COVID, cuyos efectos ya han concluido. Una disposición transitoria otorga efectos retroactivos favorables a las autorizaciones vigentes desde el 18 de marzo de 2026.

La reforma dota al sector de herramientas para reequilibrar oferta y demanda en un momento crítico, dando a los viticultores mayor flexibilidad para adaptar sus viñedos a un mercado a la baja y a un clima cambiante, sin penalizar a quienes deciden no plantar.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 211, 27 de agosto de 2026, Sec. I, pág. 116896 (referencia oficial: BOE-A-2026-18205).