El Gobierno rechaza recursos de diez agentes pasados a disponibilidad

El Poder Ejecutivo Nacional rechazó, mediante diez decretos publicados el 27 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, los recursos jerárquicos en subsidio interpuestos por otros tantos agentes de planta permanente del Ministerio de Capital Humano que habían sido pasados a situación de disponibilidad. En todos los casos se declara agotada la vía administrativa y queda expedita la acción judicial, que podrá interponerse dentro de los 180 días hábiles judiciales desde la notificación.

Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, fueron dictados el 26 de agosto de 2026 y corresponden a los números 797/2026 a 806/2026. Todos se enmarcan en la reestructuración del Ministerio de Capital Humano dispuesta por el Decreto 151/25, que suprimió unidades organizativas, y en la consecuente aplicación del régimen de disponibilidad previsto en el artículo 11 del Anexo de la Ley 25.164 y su reglamentación, el Decreto 1421/02.

Los agentes alcanzados

Los recursos rechazados corresponden a diez agentes, la mayoría de los cuales revistaba en cargos de los agrupamientos General y Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP):

• Luisa Esther Acevedo (DNI 22.019.501), Nivel B, Grado 3, ex Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria.
• Virginia Larroque (DNI 26.985.327), Nivel C, Grado 6, afectada por la Resolución 147/25 sobre Centros de Referencia.
• Alberto Julián González (DNI 28.976.491), Nivel C, Grado 1, también por la Resolución 147/25.
• Edgardo Oscar Natalini (DNI 23.930.013), Nivel C, Grado 7, ex Coordinación de Procesamiento y Liquidación de Aportes.
• Matías Germán Colantoni (DNI 28.924.370), Nivel B, Grado 7, ex Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa.
• María Jimena Mandozi (DNI 27.791.245), Nivel D, Grado 4, ex Coordinación de Depósitos.
• Natalia Ariela Orellano (DNI 28.490.564), Nivel C, Grado 6, por la Resolución 147/25.
• Roberto Gabriel Maurino (DNI 21.048.681), Nivel B, Grado 9, ex Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria.
• Giselle Paula Cividanes (DNI 25.002.261), Nivel B, Grado 7, ex Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes.
• Néstor Edgardo Correa (DNI 21.720.522), Nivel B, Grado 4, ex Coordinación de Asistencia Institucional.

Los argumentos rechazados

Los recurrentes sostuvieron, con matices, que el pase a disponibilidad era nulo por vicios en el objeto y la causa, que no hubo supresión de funciones sino un mero cambio de estructura, y que existió desviación de poder al perseguir “achicar el Estado”. Varios plantearon además la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 14 del Anexo de la Ley 25.164 por presunta contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y solicitaron su reubicación en otras áreas.

El Ejecutivo rechazó esos planteos. Sobre la inconstitucionalidad, invocó la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación según la cual el control de constitucionalidad de las leyes es facultad privativa del Poder Judicial. En cuanto a la motivación, señaló que los agentes prestaban servicios en unidades efectivamente suprimidas por el Decreto 151/25 o afectadas por la Resolución 147/25, por lo que procedía aplicar el régimen de disponibilidad. También desestimó el cómputo de los años de contratación previa, ya que solo se contabilizan los servicios como personal de planta permanente.

Impacto de la decisión

Con el dictado de estos decretos, los diez agentes quedan sin instancia administrativa pendiente y deberán acudir a la justicia si pretenden revertir su situación. El régimen prevé que, cumplido el plazo de disponibilidad de seis meses sin nueva relación laboral, el agente queda desvinculado de la Administración Pública Nacional con derecho a una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio. La decisión consolida la política de ajuste de la planta estatal impulsada por el Gobierno y deja en manos del Poder Judicial la definición sobre la estabilidad de los empleados públicos afectados por la reestructuración.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de agosto de 2026, sección Primera (referencia oficial: Decretos 797/2026 a 806/2026, DECTO-2026-797/806-APN-PTE).