El Gobierno prorroga ayudas fiscales a La Palma y habilita 100 millones

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre el Real Decreto-ley 23/2026, de medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 223, de 9 de septiembre de 2026, en la sección I de disposiciones generales (pág. 120410). La norma, firmada por el Rey Felipe VI y refrendada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, entra en vigor el día siguiente a su publicación.

El decreto-ley, impulsado a propuesta de los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Memoria Democrática, responde a la persistencia de las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, ocurrida entre septiembre y diciembre de 2021, y a la necesidad de flexibilizar el marco financiero de las comunidades autónomas con superávit.

Deducción del IRPF para residentes de La Palma

El artículo 1 modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2026, la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 35/2006 del IRPF, de modo que la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla resulte igualmente aplicable, en los mismos términos y condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma durante los períodos impositivos 2022 a 2026.

• La medida se aplica también para determinar el tipo de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo.
• Se extiende asimismo al tipo del pago fraccionado de las actividades económicas con derecho a la deducción.

100 millones para los afectados y flexibilización autonómica

El artículo 2 habilita a la Comunidad Autónoma de Canarias a destinar 100 millones de euros de sus excesos de financiación o superávits a cierre de 2025 a financiar ayudas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción de septiembre de 2021, sin que resulte aplicable el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Las ayudas se orientarán con carácter preferente a:

• la compensación por kilogramo improductivo de 2024, 2025 y 2026;
• la reconstrucción de infraestructuras agrarias destruidas (cuartos de aperos, cuadras, depósitos de agua, granjas, empaquetados de plátanos, almacenes agrícolas u obras hidráulicas);
• la compensación de costes de reconstrucción de fincas agrícolas y el sistema de evacuación de CO2.

Además, las comunidades autónomas con deuda sobre el PIB regional inferior al 12,4 % a cierre de 2025 y con superávits o excesos de financiación pendientes podrán financiar inversiones entre 2026 y 2028, eximidas de reducir su endeudamiento neto. El artículo 3 permite destinar el superávit de 2025 a inversiones financieramente sostenibles en 2026 y 2027, siempre que no hayan incurrido en déficit y mantengan el periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales.

Alivio para agricultores y autónomos

El artículo 4 abre un nuevo plazo, hasta el 15 de octubre de 2026, para que los deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas, cuyos ingresos principales provengan de la agricultura, soliciten una suspensión de seis meses de sus obligaciones de pago de préstamos y créditos, con o sin garantía hipotecaria, para el periodo del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

El artículo 5 regula un nuevo régimen de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la erupción de Cumbre Vieja, excluyendo las subvenciones del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias Canarias (POSEI) del cómputo de rendimientos e ingresos, y permitiendo el acceso a quienes iniciaron su actividad en 2020.

Financiación adicional y cierre

La disposición adicional primera concede un crédito extraordinario de 16.840.943,24 euros en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para ejecutar el Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País Vasco de 9 de julio de 2026, en materia de dependencia. Las ayudas a actividades económicas se concederán conforme a la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado.

La norma supone un nuevo impulso a la reconstrucción de La Palma casi cinco años después de la erupción, al tiempo que dota de mayor margen financiero a las comunidades autónomas más saneadas para ejecutar inversiones, en un contexto de urgencia que justifica su tramitación como decreto-ley.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 9 de septiembre de 2026, Sec. I, pág. 120410 (referencia oficial: BOE-A-2026-18828).