El Gobierno de Canarias aprueba el Plan Forestal, vigente 21 años

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Plan Forestal de Canarias, el instrumento que ordenará la gestión y la recuperación de los montes del archipiélago durante los próximos 21 años. La decisión se adoptó en la reunión del Ejecutivo celebrada el 27 de julio de 2026 y se formaliza en el Decreto 129/2026, publicado este viernes 7 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC núm. 158).

El decreto, firmado por el presidente Fernando Clavijo Batlle y por el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, sustituye y deja sin efectos al Plan Forestal aprobado por Acuerdo de Gobierno de 25 de mayo de 1999, cuyo ámbito temporal se extendía hasta 2027. El nuevo texto da respuesta al mandato del Parlamento de Canarias, que mediante resolución publicada el 8 de enero de 2021 instó al Gobierno a revisar, actualizar e implementar el plan, adaptándolo al marco normativo vigente y a las necesidades actuales del medio.

Elaborado por la Dirección General del Medio Natural, el plan define la política forestal de las ocho islas desde una gestión multifuncional que compatibiliza la función ecológica, económica y social del territorio. Según el propio documento, la superficie forestal del archipiélago supera las 578.000 hectáreas y ocupa cerca del 78 % del territorio, con el pinar como principal masa arbolada.

Un horizonte de 21 años y cerca de 1.272 millones de euros

El plan tendrá una vigencia de 21 años, estructurada en tres ciclos de 7 años coincidentes con los periodos de financiación europea. El presupuesto global estimado para todas las actuaciones ronda los 1.272 millones de euros, de los que unos 405,8 millones corresponden al primer ciclo, con una inversión media anual cercana a los 52,8 millones de euros. La financiación prevista procede de distintas fuentes:

• Fondos propios del Gobierno de Canarias y de los Cabildos Insulares.
• Programa Operativo FEDER-Canarias 2021/2027.
• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation UE).
• Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030 y fondos FEADER.

Incendios, biodiversidad y empleo rural, ejes del plan

El documento se articula en 18 programas de actuación con especial atención a la selvicultura preventiva frente a los incendios forestales, la restauración hidrológico-forestal, el control de especies exóticas invasoras y la conservación de la biodiversidad. Además de los objetivos de conservación y mejora de las masas forestales, incorpora objetivos jurídico-administrativos —como un marco normativo forestal moderno— y de carácter social, orientados a reforzar la vinculación entre la población rural y el monte mediante el mantenimiento del empleo y la generación de rentas para los habitantes de las áreas forestales.

Los cabildos, protagonistas de la ejecución

En virtud del Decreto 111/2002, que transfirió a los Cabildos Insulares las competencias en servicios forestales, vías pecuarias y pastos, serán los cabildos quienes ejecuten la mayor parte de las actuaciones previstas, mientras que el Gobierno de Canarias asumirá la responsabilidad de alrededor del 40 % de las acciones. El plan tiene carácter estratégico y no vinculante: sus propuestas se materializarán mediante los instrumentos normativos, programáticos o administrativos que correspondan y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria, tal y como recoge el propio decreto.

El nuevo plan incorpora el dictamen favorable de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, emitido el 21 de febrero de 2025, y fue sometido a consulta pública previa entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre de 2021, además de un proceso participativo con mesas de trabajo, entrevistas, encuestas y talleres. Con esta aprobación, Canarias deja atrás un plan de 1999 cuya ejecución apenas alcanzó el 11 % de lo programado y apuesta por una hoja de ruta que liga la conservación de los bosques a la economía rural y a la lucha contra el cambio climático en el archipiélago.

Fuente: Boletín Oficial de Canarias, núm. 158, de 7 de agosto de 2026, I. Disposiciones generales, pág. 29875 (referencia oficial: Decreto 129/2026, de 27 de julio).