El fipronil queda prohibido en Galápagos por riesgo para su ecosistema insular

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) prohibió la introducción, comercialización, uso y manejo de productos que contengan el ingrediente activo FIPRONIL en toda la provincia de Galápagos. La decisión consta en la resolución D-ABG-076-10-2026, publicada en el Suplemento Nº 404 del Registro Oficial del viernes 6 de noviembre de 2026, en la página 15.

La norma no se limita a los plaguicidas de uso agrícola terminados: el sumario oficial de la edición precisa que la prohibición abarca “productos formulados, materias primas, moléculas y cualquier otra sustancia que contenga el ingrediente activo FIPRONIL”. Es decir, alcanza tanto al producto listo para aplicar como a los insumos concentrados con los que se fabrican o se mezclan formulaciones en el archipiélago.

La ABG es la entidad adscrita a la Autoridad Ambiental Nacional con sede en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, creada mediante el Decreto Ejecutivo 1319, publicado en el Registro Oficial Nro. 811 de 17 de octubre de 2012. El artículo 85 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos le asigna la competencia para regular y controlar la bioseguridad y para impedir la introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos que pongan en riesgo la salud humana, el sistema económico y las actividades agropecuarias de la provincia.

Qué queda prohibido en el archipiélago

La resolución D-ABG-076-10-2026 ordena la prohibición dentro de la provincia de Galápagos sobre cuatro operaciones concretas:

• La introducción del ingrediente activo y de cualquier producto que lo contenga.
• La comercialización de esos productos formulados, materias primas y moléculas.
• El uso y la aplicación en actividades agrícolas, pecuarias o de control de plagas.
• El manejo y la manipulación de sustancias con fipronil por parte de personas naturales o jurídicas.

Con ello, el control se desplaza desde el puerto y el aeropuerto —la primera línea de inspección y cuarentena que ejerce la entidad— hacia toda la cadena de suministro interna de las islas.

Tres ingredientes activos prohibidos el mismo día

La edición del 6 de noviembre de 2026 publicó un paquete de prohibiciones equivalentes firmadas por la misma agencia, que en conjunto cubren tres moléculas de uso extendido en el control de plagas:

• D-ABG-074-10-2026, que prohíbe en Galápagos los productos con CHLORPYRIFOS (pág. 33).
• D-ABG-075-10-2026, que prohíbe los productos con IMIDACLOPRID (pág. 43).
• D-ABG-076-10-2026, que prohíbe los productos con FIPRONIL (pág. 15).

Las tres resoluciones aparecen en el mismo Suplemento Nº 404, Año II, de 65 páginas, con fecha Quito, viernes 6 de noviembre de 2026; las dos primeras se difundieron además en el Segundo Suplemento Nº 404 de esa jornada. La resolución del fipronil lleva la firma electrónica de la directora ejecutiva de la ABG, Mariela Cedeño Gómez.

A quiénes afecta la medida

El impacto recae sobre los actores que manipulan insumos para la producción vegetal y el control de plagas en las islas: agricultores y productores locales, comercios y distribuidores de insumos agropecuarios, operadores logísticos que consolidan carga hacia Galápagos y el personal técnico o sanitario que aplica tratamientos en fincas, viveros y áreas de manejo.

La prohibición deja sin margen a la venta y al uso del ingrediente activo, de modo que la sustitución de formulaciones y la revisión de inventarios pasan a ser una obligación operativa para quienes trabajaban con estos productos en Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y las demás islas pobladas.

El peso de la decisión se explica por el marco en el que opera la ABG: un territorio insular donde la introducción de una molécula persistente puede dispersarse fuera de las áreas cultivadas y afectar especies nativas y endémicas. Al vetar el fipronil junto con el clorpirifós y el imidacloprid, la agencia cierra tres vías simultáneas de ingreso de insecticidas y refuerza el criterio de precaución con el que se administra la bioseguridad del archipiélago, cuya economía depende tanto de la conservación como de la actividad agropecuaria y turística.

Fuente: Registro Oficial, Suplemento Nº 404, Año II, viernes 6 de noviembre de 2026, pág. 15 (referencia oficial: D-ABG-076-10-2026).