Cataluña obliga por ley a retirar el amianto antes de 2028 y 2032

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes, 17 de agosto de 2026, la Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto, aprobada por el Parlamento de Cataluña y promulgada por la Generalitat. La norma impone por primera vez la obligación legal de retirar los materiales que contienen amianto, con los horizontes de 2028 para los edificios públicos y 2032 para el conjunto del territorio, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.

La ley se publica en el BOE número 201, sección I, página 115241, con la referencia oficial BOE-A-2026-17836, y consta de 61 artículos estructurados en cinco títulos, 23 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y siete finales. Cataluña estima que alberga millones de toneladas de fibrocemento y entre 6.000 y 30.000 toneladas de materiales proyectados y calorifugados, instalados en su mayoría entre mediados de los años sesenta y finales de los ochenta, por lo que ya han superado su vida útil. Hasta ahora, la prohibición de 2001 de producir y comercializar amianto permitía mantener los materiales ya instalados hasta el final de su vida útil, sin obligación legal de retirarlos.

Obligaciones y plazos

La norma obliga a las administraciones públicas a identificar, gestionar y retirar el amianto de los bienes e infraestructuras de su titularidad, con especial atención a escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios y deportivos. El Gobierno de la Generalitat debe elaborar un plan específico para la retirada prioritaria del amianto en centros educativos, sanitarios y sociales e instalaciones deportivas públicas en un plazo de tres años desde la entrada en vigor.

• Los sujetos obligados deben retirar el amianto en los plazos fijados con carácter vinculante por las instituciones competentes.
• La Unión Europea recomienda la retirada de todos los edificios públicos antes de finalizar 2028 y la eliminación completa del amianto a finales de 2032.
• La ciudadanía y las empresas deben comunicar la presencia de amianto, mantener libres de estos materiales los inmuebles de su propiedad y colaborar con la inspección.

Instrumentos y financiación

La ley crea la Comisión Catalana de Erradicación del Amianto, el Censo catalán de materiales que contienen amianto, el Plan nacional para la erradicación del amianto y el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña. También establece el Registro de empresas y profesionales capacitados para la gestión del amianto, de inscripción obligatoria para operar en Cataluña, y el Registro de mesoteliomas y enfermedades relacionadas con el amianto.

• El Gobierno de la Generalitat deberá proponer al Estado, en el plazo de un año, la constitución de un fondo estatal para la erradicación del amianto con gestión territorializada.
• La Agencia de Residuos de Cataluña asume la condición de estructura administrativa instrumental principal para la gestión y retirada.
• Se declara el interés social de la expropiación de bienes con presencia de amianto y debe consignarse en el Registro de la Propiedad la certificación de presencia de estos materiales.

Salud, víctimas y sanciones

La ley reconoce a las víctimas del amianto, con derecho a reparación, asesoramiento jurídico, médico y psicológico, y compensaciones a través del fondo creado por la Ley 21/2022, de 19 de octubre. Hace un reconocimiento especial a los municipios de Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Badia del Vallès, cuya población estuvo expuesta durante noventa años a la industria de Uralita.

• El régimen sancionador tipifica infracciones con sanciones pecuniarias y accesorias, como la prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas y de contratar con la Generalitat.
• Al comprar o alquilar una vivienda, la ciudadanía podrá obtener el certificado de presencia o ausencia de amianto.
• El Gobierno deberá comparecer anualmente ante el Parlamento y rendir cuentas cada dos años sobre el Plan nacional para la erradicación del amianto.

La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Se trata de la primera norma transversal con visión de país que aborda la erradicación del amianto, un problema que afecta a la salud pública, a la propiedad inmobiliaria y al sector de la construcción, y que obligará a administraciones, empresas y ciudadanía a asumir un calendario de retirada sin precedentes en España.