Bélgica hace obligatoria la formación continua para los peritos judiciales

El Rey Felipe ha firmado un real decreto del 15 de julio de 2026 que establece la formación continua como una condición vinculante para que los peritos judiciales y los traductores jurados, intérpretes y traductor-intérpretes renueven su inscripción en el registro nacional. El decreto, publicado en el Moniteur Belge del 19 de agosto de 2026 (p. 45367), fija un mínimo de 60 horas de formación continua durante los seis años de validez de cada inscripción, afectando directamente a los profesionales jurídicos que comparecen ante los tribunales belgas.

El texto fue adoptado a propuesta del Ministro de Justicia, A. Verlinden, e implementa los artículos 555/9, 2° y 555/10, § 1, párrafo 3 del Código Judicial, insertados por la ley del 5 de mayo de 2019. Sigue el dictamen de la Autoridad de Protección de Datos (n° 19/2026 del 18 de febrero de 2026) y el dictamen 79.077/16 del Consejo de Estado del 13 de mayo de 2026.

Una obligación de renovación de inscripción cada seis años

Según el decreto, tanto los peritos judiciales como los traductores jurados, intérpretes y traductor-intérpretes deben presentar un expediente de renovación al servicio del registro nacional del Servicio Público Federal de Justicia a más tardar seis meses antes de que expire el periodo de seis años referido en el artículo 555/10 del Código Judicial. El expediente debe incluir:

• un CV actualizado;
• un informe de actividad que demuestre el ejercicio regular de la profesión y cómo se mantuvieron los conocimientos y habilidades;
• la lista de misiones civiles y administrativas encomendadas durante los seis años de validez (que puede ser anonimizada);
• la lista de formaciones seguidas, relacionadas con los dominios de peritaje o idiomas solicitados para la renovación, o con conocimientos jurídicos;
• el comprobante de al menos 60 horas dedicadas a la formación continua durante los seis años de validez de la inscripción.

Para los peritos que pertenezcan a una orden o instituto profesional, el comprobante puede consistir, en su lugar, en el número mínimo de horas de formación exigidas por dicha orden o instituto.

Derogaciones y reconocimiento de la formación

Existe una derogación del requisito de 60 horas para los profesionales que puedan demostrar que han desarrollado y mantenido regularmente sus conocimientos lingüísticos y jurídicos a través del ejercicio regular de sus actividades. Para obtenerla, deben presentar un expediente fundamentado que enumere sus misiones, los temas traducidos, una estimación de las páginas traducidas o las horas dedicadas a la interpretación, y justificar por qué no se cumplieron las 60 horas.

Para ser reconocida como formación continua, una actividad de capacitación debe tener como objetivo mantener o desarrollar los conocimientos en los dominios de especialidad o idiomas validados en el registro nacional, o los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos necesarios para ejercer, incluyendo los conocimientos jurídicos necesarios para la correcta ejecución de las misiones. El contenido detallado de las capacitaciones y un certificado de participación deben enviarse al servicio del registro nacional a más tardar seis meses antes de que expire el periodo de seis años, y el profesional debe ser capaz de explicar el vínculo entre la capacitación y el objetivo perseguido.

Actividades reconocidas

Los Anexos 1 y 2 del decreto enumeran, de manera no exhaustiva, las actividades que pueden ser reconocidas como formación continua. Para los peritos judiciales, estas incluyen:

• seguir una formación académica (incluyendo el e-learning) en el campo de la pericia o en conocimientos jurídicos;
• impartir docencia en una universidad, institución de educación superior o asociación profesional;
• preparar una tesis doctoral o posdoctoral;
• participar en una conferencia, seminario, coloquio o simposio como ponente o asistente;
• contribuir a un proyecto de investigación o escribir un artículo en una revista científica;
• completar una pasantía en una organización nacional o internacional.

Para los traductores jurados, intérpretes y traductor-intérpretes, las actividades reconocidas incluyen la profundización en la terminología jurídica, la terminología no jurídica (médica, bancaria, técnica), los idiomas validados, las técnicas de traducción e interpretación, la interpretación de enlace en procesos penales y tecnologías especiales como la interpretación por videoconferencia y las escuchas telefónicas.

La denegación del reconocimiento de las capacitaciones o de una excepción es decidida por el Ministro de Justicia o el funcionario delegado, previo asesoramiento de la comisión de acreditación, y se notifica al solicitante. El decreto fue emitido en Bruselas el 15 de julio de 2026 y firmado por A. Verlinden.

Para los miles de peritos y profesionales lingüísticos jurados registrados en Bélgica, este decreto convierte la formación continua de una recomendación profesional en una condición legal para permanecer en el registro. Aquellos que no documenten al menos 60 horas de capacitación en seis años, o no obtengan una excepción, corren el riesgo de perder su registro y, con ello, el derecho a ser nombrados por los tribunales.

Fuente: Moniteur Belge, n° 185, 19 de agosto de 2026, Lois, décrets, ordonnances et règlements, p. 45367 (referencia oficial: C-2026/006221).